Las empresas públicas deberán ser más transparentes para evitar abusos de posición dominante, como consecuencia de la ley de transparencia de las relaciones financieras entre las Administraciones Públicas y las empresas públicas, que el Ejecutivo envío ayer a las Cortes, y que transpone dos directivas comunitarias.
En síntesis, se regula la obligación de todas las empresas públicas, vinculadas a cualquier administración, de proporcionar información sobre los fondos que le aporte ésta, el motivo por el que reciben el dinero, su uso efectivo y el objetivo que se persigue.
Además las empresas a las que las Administraciones hayan concedido derechos especiales o exclusivos, o confiado la gestión de un servicio de interés económico general, y realicen además otras actividades, deberán llevar cuentas separadas sobre los ingresos y costes correspondientes a cada actividad.
Asimismo, las empresas públicas dedicadas al sector manufacturero deberán informar específicamente sobre cualquier tipo de intervención pública, así como detallar las transacciones realizadas con otras compañías públicas.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Sábado, 6 de mayo de 2006