La ex primera teniente alcalde de Marbella, Isabel García Marcos, encarcelada desde hace 40 días tras la Operación Malaya, fue conducida ayer a los juzgados para que prestara declaración por un presunto delito urbanístico. Se trata del caso Magenta, en el que tras una denuncia de la Fiscalía se juzga a la corporación municipal por permitir en 2004 la construcción de 20 viviendas en una parcela de la zona de El Trapiche, donde el Plan General de Ordenación Urbana sólo preveía cinco. Junto a García Marcos comparecieron en el Juzgado de Instrucción número 4 de Marbella otros cinco ex concejales.
García Marcos acudió a los juzgados marbellíes a las nueve de la mañana esposada, con una jersey blanco y vaqueros. Durante dos horas declaró ante el juez Antonio Jesús Jiménez por el último de los incontables presuntos delitos urbanísticos a los que se enfrenta la anterior corporación municipal.
En la causa están imputados un total de 14 ex concejales, pertenecientes tanto a la corporación presidida por Julián Muñoz, que en 2002 concedió la licencia de obra a la promotora Magenta, como a la que dirigió Marisol Yagüe que fue la que dio el visto bueno al proyecto de ejecución en 2004.
García Marcos, imputada de presunta prevaricación, adujo que el Ayuntamiento disponía de informes técnicos favorables a la aprobación de la licencia de obra. Pero el juez le recordó su cambio de parecer respecto a 2002, cuando estaba en la oposición y se mostró en contra de la concesión. Además, el juez hizo hincapié en que en el expediente consta un informe técnico supervisado por el arquitecto jefe de Urbanismo, Francisco Merino, que recordaba que la licencia era contraria al PGOU vigente.
También declararon ayer los ex concejales del GIL Javier Lendínez, José Antonio Calleja, Carmen Revilla, el andalucista Pedro Pérez, y el tránsfuga del PSOE José Jaén.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Sábado, 13 de mayo de 2006