El alcalde de Madrid, Alberto Ruiz-Gallardón, aprobó el pasado 26 de abril la creación de una comisión de investigación para vigilar la gestión de la M-30. Este órgano, en el que no está presente la oposición, coordinará a cuatro concejalías para controlar el servicio que desempeña la entidad Madrid Calle 30. El Consistorio contratará a una consultora externa que verifique que la empresa mixta cumple con sus obligaciones. La portavoz municipal de IU, Inés Sabanés, critica la ausencia de la comisión de los dos grupos de la oposición (PSOE e IU) y denuncia que el alcalde ha creado "una estructura sobredimensionada".
La consultora externa se encargará de comprobar que el servicio de mantenimiento del cinturón urbano de Madrid se preste de forma adecuada. "La creación de esta comisión figura en el pliego de condiciones y en el contrato suscrito entre el Ayuntamiento de la capital y la empresa Madrid Calle 30", explica Juan Bravo, concejal de Hacienda. Según el responsable municipal, el objetivo de esta comisión es controlar la cantidad de dinero que el Ayuntamiento paga anualmente a Madrid Calle 30 por el mantenimiento y gestión del cinturón urbano de la capital.
La empresa mixta está formada por el Ayuntamiento de Madrid (80%) y las empresas Dragados-API (del grupo ACS) y Ferrovial, que ostentan el 20% del capital. El importe que el Consistorio paga a esta sociedad variará en función de la prestación del servicio. "Puede tener deducciones según la calidad del servicio que preste", explica Bravo. Esta cantidad ascenderá a más de 220 millones de euros al año. En total, el Ayuntamiento pagará 7.770 millones por el mantenimiento y gestión de la M-30.
Cumplimiento
Bravo insiste: "A lo largo de los próximos 30 años, esta comisión será la encargada de proponer la cantidad que tendrá que pagar cada año a la empresa que mantiene la M-30".
La comisión recién creada estará presidida por el vicealcalde, Manuel Cobo. Además, coordinará a cuatro concejalías: la de Hacienda, Medio Ambiente, Seguridad y Servicios a la Ciudadanía, Urbanismo y Vivienda. Entre sus funciones figura "constatar y verificar el correcto cumplimiento de las obligaciones de Madrid Calle 30, evaluar la liquidación semestral propuesta por la sociedad mixta".
Además de esta vigilancia, el Ayuntamiento contratará a una consultora externa para que "haga el trabajo de campo", según explica el concejal Juan Bravo. "Estará tutelada por el Ayuntamiento, que será el encargado de la evaluación".
El edil socialista responsable en temas de Urbanismo, Félix Arias, reclama para su partido algún tipo de representación en el nuevo organismo. "Me parece sorprendente que siga habiendo ocultismo", se queja Arias, que exige "un mecanismo permanente de información o un representante".
En el mismo sentido se expresa Sabanés. "Sería conveniente que la oposición estuviera representada", apunta. La portavoz de la coalición asegura que "es una estructura que suma recursos, que chupa del Ayuntamiento y que sobredimensiona la capacidad municipal". Además, añade Sabanés, "la empresa Madrid Calle 30 ya trabaja con otras consultoras. Es un exceso".
El concejal de Hacienda señala que no tiene sentido que la oposición esté presente en la nueva comisión. "Es un acto de la gestión de un servicio muy complejo", agrega.
El grupo socialista quiere que la concejal de Urbanismo, Pilar Martínez, explique cómo se adjudicaron las obras del tramo 6 del proyecto de soterramiento de la M-30. Por eso, el PSOE presentó un escrito en el que reclama al Ayuntamiento la celebración extraordinaria de la Comisión de Urbanismo, Vivienda e Infraestructura para analizar las obras.
El PSOE reclama en el documento la comparecencia de la edil de Urbanismo "para tratar el incumplimiento del procedimiento de contratación en las obras de reordenación de vías de servicio y conexiones con el tronco principal entre los nudos de Manoteras y Sur, que se está ejecutando como proyecto complementario de otras actuaciones".
El grupo socialista ha acusado al gobierno municipal de adjudicar cinco contratos de un tramo de la M-30 "a dedo".
Según el PSOE, el Ayuntamiento dividió el proyecto del tramo 6 en cinco subproyectos, que asignó como obras complementarias a trabajos ya adjudicados de la reforma del cinturón urbano de Madrid. En opinión de la portavoz socialista en el Consistorio, Trinidad Jiménez, este hecho incrementó el presupuesto inicial en 25 millones de euros. Jiménez manifestó que el tramo 6 se adjudicó "sin convocar concurso público". Y rechazó que estas obras sean complementarias, puesto que ya estaban contempladas en el proyecto inicial de reforma de la M-30.
A pesar de que Jiménez precisó que no quiere judicializar la vida política madrileña, la portavoz socialista amenazó con acudir a los tribunales si no obtiene respuesta del Consistorio.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Lunes, 15 de mayo de 2006