En enero de 2005, el Ayuntamiento de Barcelona comprobó que con el padrón en la mano, el grado de ocupación de algunos pisos de Ciutat Vella era poco menos que imposible. El registro reflejaba que algo más de 5.800 personas estaban empadronadas en 160 viviendas. Una simple división arrojaba el resultado de una ocupación media de unas 36 personas por piso. Las comprobaciones se pusieron en marcha. Algunos pisos eran pensiones y residencias legales. De ese chequeo se concluyó que en 52 viviendas estaban empadronadas más de 21 personas en cada una de ellas. El listón se puso más bajo y se comprobaron las viviendas en las que estaban empadronadas entre 11 y 20 personas. Total: 1.464 pisos con una población aproximada de 19.000 personas.
Esa realidad puso en evidencia la necesidad de extremar el control de la vivienda sobreocupada en Ciutat Vella -el programa de prevención funcionaba desde 2003-, además de otra cuestión: que la información del padrón no es siempre exacta. De hecho, a raíz de esos datos se puso en marcha una comprobación enviando cartas a los empadronados de las viviendas que aparentemente estaban sobreocupadas.
Se enviaron unas 30.000 cartas, de acuerdo con datos del propio alcalde de Barcelona, Joan Clos, en la presentación de un informe sobre inmigración hace dos semanas. Lo que no está claro es la respuesta a esas cartas. Es decir, si se confirma o no el domicilio, y todo parece indicar que muchas de esas notificaciones caen en saco roto.
De hecho, más de un inmigrante que recibe ese tipo de aviso no hace caso, tal como queda en evidencia en las oficinas de atención al ciudadano del Ayuntamiento. En éstas es frecuente que se dirijan a pedir algún trámite relacionado con el padrón -para la solicitud del reagrupamiento familiar, por ejemplo- y que pongan cara de sorpresa cuando se les recuerda que tiene que actualizar su situación. Claro que estos son los que van.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Miércoles, 17 de mayo de 2006