El PP pedirá al Tribunal Superior vasco la ejecución de la sentencia que considera ilegal la norma foral vizcaína que regula el peaje en la autopista A-8. De esta manera, los populares pretenden que el cobro se reduzca a la mitad de la tarifa actual. El PP planteará su solicitud al alto tribunal vasco en un plazo de dos o tres meses cuando se acuerde si se admiten los recursos planteados por la Diputación y las Juntas Generales vizcaínas.
El fallo del Superior, dictado el pasado 28 de febrero, considera "contrario a derecho" que el peaje se destine a la financiación de otras obras en lugar de dedicarse exclusivamente al mantenimiento y mejora de la autopista. La Diputación ha utilizado parte de los 34 millones que recauda cada año con los peajes en la construcción de otras carreteras.
El debate político sobre este asunto continúa. El diputado foral de Obras Públicas y Transportes, Eusebio Melero, afirmó el lunes que se mantendrán las tarifas porque el fallo no es firme y la sentencia definitiva se demorará entre dos y cuatro años. Argumentó además que la norma foral anulada se ajusta a las directivas de la Unión Europea. El portavoz del PP en las Juntas, Carlos Olazabal, acusó ayer a Melero de "mentir como un bellaco" porque dichas directivas no afectan a España.
[La Diputación guipuzcoana renovará las biondas de protección en 40 kilómetros de la A-8 y colocará pantallas especiales de seguridad para motoristas, con una inversión de 5,4 millones].
* Este artículo apareció en la edición impresa del Miércoles, 17 de mayo de 2006