El rechazo de los rectores hacia varias de las previsiones contenidas en el borrador de la Ley de Coordinación del Sistema Universitario llevó la semana pasada al consejero Justo Nieto a abrir un nuevo periodo de negociación, que se extenderá, al menos, hasta final de mes.
Los rectores mantuvieron una reunión con el consejero, en la que criticaron que "todo lo reglamentarista y concreto" que es el texto al fijar procedimientos se evapora a la hora de hablar de financiación. El borrador no recoge ni un porcentaje del Producto Interior Bruto (PIB) -que serviría de referencia-, ni un periodo mínimo de vigencia del plan plurianual de financiación. El director general de Universidades, José Capilla, admitió la necesidad de contar con un "horizonte económico" y que es probable que este se acabe fijando legalmente en cuatro años como mínimo. También se prevé recoger una referencia al PIB.
Las universidades desconfiaban de la creación de dos órganos separados: el Consejo Académico Interuniversitario y el Consejo Social Interuniversitario. Y la consejería aceptó retirar el artículo y dejar un solo consejo.
Centros artísticos
Algunos rectores expresaron su malestar ante la inclusión de los centros de enseñanzas artísticas en el Consejo Valenciano de Universidades y Formación Superior. Un paso hacia su integración en el sistema universitario que la Ley Orgánica de Educación (LOE) parece excluir, pero que Nieto viene acariciando desde su época al frente de la Universidad Politécnica de Valencia. No es probable que las reticencias académicas sean aceptadas. El director general de Universidades, José Capilla, señala en favor de la medida que la propia LOE establece que los centros artísticos superiores podrán ofertar estudios de posgrado.
Los rectores insistieron en que sería "prudente" esperar a que el Gobierno fije el marco general, con la reforma de la Ley Orgánica de Universidades, antes de aprobar la norma. La consejería considera que el retraso del ministerio no puede seguir condicionando su producción legislativa.
Una crítica general al borrador de la ley es el peso desmesurado que en opinión de los rectores se atribuye a la Agència Valenciana d'Avaluació i Perspectiva, lo que representaría un peligro para la autonomía universitaria. Y otra más concreta, en este caso al proyecto de Ley de Coordinación del Sistema de Ciencia e Innovación, es su clara apuesta por la investigación aplicada en detrimento de la básica.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Martes, 23 de mayo de 2006