España se quedará al margen, por ahora, del código de conducta de la Agencia Europea de Defensa (AED), primer paso para la creación de un mercado europeo de defensa, que se pondrá en marcha el próximo 1 de julio.
La AED confirmó ayer que, concluido el pasado viernes el plazo para adherirse al código, tres de los 25 países de la UE quedan excluidos de su aplicación: España, Hungría y Dinamarca. La postura de este último se debe a su negativa a participar en la política europea de defensa.
El caso de España es muy diferente, pues se trata de uno de los abanderados de dicha política. Fuentes de Defensa indicaron que la decisión se ha tomado "para no perjudicar a la industria española" y que ha contado con la conformidad de Afarmade, patronal mayoritaria del sector, y de los partidos de la oposición.
El artículo 296 del tratado de la Unión excluye los contratos militares del mercado único, por lo que el código de conducta tiene carácter voluntario.
Mediante el mismo, los signatarios se comprometen a permitir que suministradores de otros países europeos accedan en igualdad de condiciones a sus contratos de armas y equipos. Para ello, un portal en Internet informará de todos los contratos por más de un millón de euros y remitirá a los sitios nacionales donde conste la información completa. Los Gobiernos podrán excluir algunos contratos, pero deberán justificarlo adecuadamente.
Se estima que más de la mitad de los 30.000 millones de euros que los países de la UE gastan anualmente en armamento se adjudican sin competición entre empresas, lo que favorece, a juicio de los expertos, la fragmentación de la industria, el encarecimiento de los productos y la pérdida de competitividad frente a EE UU.
Retornos industriales
El problema de España es que se encuentra a mitad de camino entre los países europeos con una potente industria militar (Francia, Reino Unido, Alemania e Italia) y los que carecen de ella (casi todos los demás), lo que hace que sus empresas sean especialmente vulnerables ante el empuje de las grandes multinacionales.
Frente a quienes defienden la liberalización del sector, España insiste en mantener los offset o retornos industriales, que garantizan que parte del dinero invertido por Defensa se queda en la industria nacional y que ésta se beneficia de transferencias tecnológicas de sus socios extranjeros.
España asegura que se trata de "industrias estratégicas" y apuesta por programas de cooperación internacional, como el avión Eurofighter, el helicóptero Tigre o el submarino S-80.
"Si entráramos en el mercado común, no podríamos adjudicar las fragatas a Izar, sino que deberíamos dar entrada a los astilleros franceses, alemanes o italianos. Antes de llegar ahí, hay que crear una industria naval europea", aducen las mismas fuentes.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Martes, 23 de mayo de 2006