La portavoz de Justicia y Administraciones Públicas del grupo parlamentario socialista, Josefa Andrés, criticó ayer el "sobrecoste" que ha supuesto la construcción de la Ciudad de la Justicia de Castellón, que se licitó por 21,4 millones de euros y se ha terminado con un precio de 23,3 millones, "lo que supone un aumento en el precio del coste de un 8,69%". Este índice, según dijo, se incrementará hasta un 13% con la revisión del precio de obra y la liquidación, mientras que falta por solucionar el aparcamiento y el acceso del furgón policial a los calabozos. Andrés, tras visitar las instalaciones, señaló que el sobrecoste "es una práctica habitual que el PP está haciendo en todas las grandes infraestructuras". Por su parte, el secretario autonómico de Justicia, Fernando de Rosa, negó el sobrecoste: "Se trata de un presupuesto añadido para nuevos equipamientos y servicios que no se preveían en el presupuesto inicial".
Para Josefa Andrés, el desplegado en la Ciudad de la Justicia "es un modelo más de la política urbanística y de negocio del PP, independientemente de que fuera necesaria la creación de juzgados en Castellón". Por su parte, el portavoz adjunto del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Castellón, Miguel Alcalde, recordó que el edificio se ha levantado sobre un suelo dotacional reservado para un instituto, mientras que el solar que se ha cedido para el aparcamiento estaba destinado al Conservatorio de Música "por lo que la Ciudad de la Justicia nos ha costado dos dotaciones educativas". Además, la Ciudad de la Justicia ha empezando a funcionar sin disponer de licencia de actividad.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Miércoles, 31 de mayo de 2006