Unas 350 personas presas en diferentes cárceles de Marruecos están en huelga de hambre desde el pasado 2 de mayo. Sus reivindicaciones son muy básicas: la revisión de sus procesos judiciales y la reclamación de mejores condiciones de vida en la cárcel. Diversas organizaciones marroquíes e internacionales de derechos humanos consideran que en su mayoría carecieron de una defensa adecuada, y que las pruebas contenidas en los respectivos sumarios eran extremadamente débiles. Unas reivindicaciones, por tanto, que a todos nos pueden parecer perfectamente legítimas.
Pero hay un problema. Estas personas están acusadas de pertenecer a la Salafia Yihadia, una corriente del islamismo radical a la que se vincula con el atentado de Casablanca el 16 de mayo de 2003. Unas 8.000 personas fueron detenidas en el calor de los atentados; una cuarta parte sigue en prisión. Es difícil para la opinión pública solidarizarse con estos presos, aunque se sospeche que puede haber muchas personas inocentes entre ellas. Entre los huelguistas se encuentra Buchaib Maghder, esposo y padre de ciudadanos españoles. Detenido mucho antes de los atentados de Casablanca, está condenado a cadena perpetua tras un juicio sumarísimo, sin garantías procesales y sin vínculos con delitos de sangre.
Pedimos al Gobierno español que interceda por un respeto de los derechos más elementales de estas personas, muchas de ellas en un estado de salud ya muy crítico.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Viernes, 2 de junio de 2006