Miembros de Ecologistas en Acción y de Greenpeace convirtieron ayer la puerta de la sede provisional de la Presidencia de la Junta, en el paseo de la Palmera de Sevilla, en una playa. Sombrillas, neveras, toallas y hasta arena sobre la que tumbarse para protestar contra la especulación urbanística que sufre el litoral andaluz ante la pasividad de la Junta. "Actualmente, el 60% del litoral está construido, pero si continuamos como hasta ahora, en una década lo estará toda la costa andaluza" aseguró Juan Clavero, de Ecologistas en Acción.
"El Algarrobico y Marbella son sólo dos ejemplos de lo que está ocurriendo en Andalucía. Nosotros queremos que la gente sepa que la Junta tiene las competencias en cuanto a los planes de ordenación del territorio, pero se escudan en que no pueden frenar la autonomía municipal", afirmó ayer Juan Clavero, secretario de Ordenación del Territorio de Ecologistas en Acción Andalucía. Clavero recordó que el Gobierno regional está a punto de aprobar el Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía con el voto en contra de los ecologistas.
"El nuevo plan no incluye medidas para impedir el desarrollo urbanístico desmesurado que plantean muchos municipios, como por ejemplo la construcción de 100.000 nuevas viviendas en la costa almeriense o la de 40.000 en Chiclana (Cádiz) -que está ya aprobada- o el caso de Medina Sidonia, también en Cádiz, donde el Ayuntamiento quiere multiplicar por siete el suelo urbanizable", asegura Clavero.
La protesta, que realizaron medio centenar de personas bajo el lema: "Ni especulación, ni corrupción. En defensa del litoral andaluz", es un adelanto del Día Mundial del Medio Ambiente que se celebra hoy. Según los ecologistas, que soportaron durante más de dos horas unos 35 grados centígrados en una playa artificial en la que no había posibilidades de darse un chapuzón, "el urbanismo insostenible que prolifera en Andalucía supone la mayor fuente de impacto ambiental y el mayor riesgo de destrucción de recursos naturales tan valiosos como el suelo, el agua, la biodiversidad o el paisaje".
"Actualmente hay más de 4.000 expedientes urbanísticos abiertos en la comunidad por especulación y construcciones ilegales. El problema es que muchas de las sentencias que se resuelven con la demolición del edificio no se ejecutan porque la Administración no adopta una posición firme. Con la ley en la mano, si el propietario se niega a demoler, la Junta puede hacerlo y pasar después la factura al infractor", explica César Castaño, coordinador en Sevilla de Greenpeace.
"Pedimos que la Junta elabore planes supramunicipales que ordenen el territorio y que, mientras tanto, se aplique una moratoria a las nuevas construcciones, incluidos los campos de golf", añade Castaño.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Lunes, 5 de junio de 2006