El secretario provincial de la Asociación Unificada de Guardias Civiles en Cádiz (AUGC), Juan Antonio Delgado, podría ser arrestado en una prisión militar durante cuatro meses, perder su actual destino y ser suspendido de empleo por un año si prospera el expediente que la dirección del Instituto Armado le ha abierto por las declaraciones "contrarias a la disciplina" que realizó el pasado 6 de diciembre, día de la Constitución. Aquel día el colectivo, que defiende mejoras laborales de los agentes en un cuerpo que no permite la representación sindical, organizó en varias capitales concentraciones para reclamar derechos como la libertad de expresión y el fin del régimen disciplinario militar.
El expediente fue abierto por el coronel jefe de la Comandancia en Cádiz, Antonio Dichas, quien llegó a plantear que Delgado había cometido dos faltas graves y una muy grave, esta última basada en el "desarrollo de actividades políticas y sindicales". Finalmente, la Comandancia de la Cuarta Zona de la Guardia Civil, con sede en Sevilla, sólo mantiene una de las faltas graves y desestima las demás.
Delgado se dirigió aquel 6 de diciembre a unos 500 asistentes, entre los que estaban algunos compañeros y sus familias, representantes sindicales y portavoces de varios partidos. "Nos hemos congregado sin miedo porque es nuestra tierra y podemos presumir de que es cuna de la libertad. Os animo a decirle al Gobierno que no permitiremos otro año en blanco, que llevamos 27 años perdidos, y que queremos que se nos aplique íntegramente la Constitución para poder ser ciudadanos de primera", dijo en su discurso.
El expediente abierto por el coronel jefe de Cádiz está documentado en recortes y grabaciones de prensa. Para poder defenderse, Delgado había sido hoy llamado a declarar a la comandancia de Sevilla, aunque finalmente se ha aplazado a una fecha todavía no determinada. Se trata del cuarto expediente que la Guardia Civil abre a este agente. El también secretario nacional de Relaciones Institucionales de la AUGC ya había sido apercibido por dos faltas graves y una leve. Las dos primeras por criticar públicamente la falta de medios en el naufragio de la patera de Rota y la ausencia de vigilancia del puente Carranza de Cádiz, aunque estos expedientes fueron cerrados. La falta leve le fue impuesta por utilizar el reverso de un papel escrito para realizar la petición de un día de descanso. Fue condenado a un día de haber, con un coste de unos 60 euros. En una sentencia, el tribunal militar acaba de fallar a favor del agente y obliga a levantar la pena.
Por la misma concentración en otras ciudades, han sido expedientados otros cuatro guardias civiles, dos en Murcia, otro en Guadalajara, uno más en Zamora y otro en Zaragoza. La AUGC anunció ayer protestas públicas de apoyo a los compañeros. En un comunicado, la asociación defiende que "los expedientes justifican plenamente aquellas concentraciones".
* Este artículo apareció en la edición impresa del Martes, 6 de junio de 2006