Francia no puede verse en blanco y negro: es gris. Resulta difícil explicarse de otro modo la tranquilidad con que la opinión ha asistido a la crisis del asunto Clearstream, que ha permitido comprobar el funcionamiento de las maquinarias creadas por Dominique de Villepin y Nicolas Sarkozy, "los dos hijos políticos de Jacques Chirac" al decir de Patrick Pepin, el defensor de la audiencia en la radio pública.
Ambos políticos escuchan la cuenta atrás de las elecciones presidenciales: dentro de 12 meses habrá un nuevo inquilino en el palacio del Elíseo, si se mantiene el calendario. La izquierda no ha terminado los preparativos: hay que ver cómo ha sido acogida la candidatura de Segolène Royal, de quien los elefantes del Partido Socialista dicen que no tiene dimensión presidencial, que está demasiado a la derecha o que sólo es un producto mediático. Y eso alimenta las esperanzas de los hijos políticos de Chirac. "Uno de ellos, Villepin, quiere defender al padre; el otro, Sarkozy, lo que querría es matarlo", explica Patrick Pepin.
El Gobierno de Villepin lleva dos revueltas sucesivas sin que el país haya salido demasiado estropeado
La seguridad ha sido clave en el segundo mandato de Chirac y una gran cuestión de las próximas elecciones
Más de 10.000 personas se reparten entre los servicios de información del Estado francés
Dos jueces de París tienen el encargo de identificar al 'gabinete negro' del que salió el enigma Clearstream
Lo extraño de esta pelea es que le importa un bledo al público. "Apenas he recibido comunicaciones de oyentes sobre un asunto al que todos los medios hemos dedicado muchísima importancia", informa el defensor de la radio pública. La opinión se puso furiosa con Villepin por lo del Contrato de Primer Empleo (un intento de favorecer la contratación de jóvenes en prácticas), pero no con esta pelea; los sondeos demuestran que el público no comprende lo que hay en el fondo del asunto ni los problemas en el grupo de aeronáutica, aeroespacial y de armamentos EADS, cuyos actuales directivos sostienen que el grupo, en sí, es ajeno al caso Clearstream.
Algunos observadores se niegan a hacer lecturas catastrofistas de la crisis. Para Patrick Pepin, el poder chiraquista también tiene una cara oscura y otra luminosa. "Por ejemplo, el Gobierno lleva dos revueltas en pocos meses, la rebelión en los suburbios y las protestas en la calle contra el Contrato de Primer Empleo. Y, sin embargo, lo han gestionado sin que el país salga demasiado estropeado, sin las víctimas que se han producido con ciertas revueltas en Estados Unidos. Yo lo comparo con la joven democracia española, que ha aguantado el terrorismo interior sin tocar las libertades de una manera definitiva".
No todos lo ven así: otra corriente del pensamiento francés diagnostica el desplome de su país, principalmente a causa de rigideces estatalistas y burocráticas. Nicolas Baverez, el principal teórico de esa corriente, afirma que el caso Clearstream "ilustra la corrupción de una República reducida a un cadáver".
Por tocado que esté, Dominique de Villepin conserva el aplomo. El actual primer ministro representa una cierta continuidad con el gaullismo. Desde que entró al servicio de Chirac como secretario general de la Presidencia de la República, en 1995, provoca admiraciones, pero también odios como intelectual que se siente muy por encima de la mediocridad circundante. El otro delfín del jefe del Estado, Nicolas Sarkozy, lleva el estigma de "traidor" a la causa del padre, porque en 1995 jugó contra la candidatura de Chirac; Sarkozy pregona una ruptura de inspiración liberal y acabar con lo que le parecen defectos franceses, sobre todo la negativa a aceptar la reforma del modelo social existente sin pasar por grandes crisis.
Desde su vuelta al Gobierno como ministro del Interior, en 2002, Nicolas Sarkozy se fijó la meta de cruzar la calle para instalarse en el Elíseo, el palacio donde residen los presidentes de la República. Las verjas de hierro forjado que dan acceso a Interior se encuentran en la plaza Beauvau de París, físicamente frente a la valla exterior del Elíseo. Para ese corto trayecto, a Sarkozy no le bastaba el ritmo de trabajo infernal que se impuso desde el primer día, ni la ración de sufrimiento físico que se autoadministra para mantenerse en forma: el despacho del ministro del Interior se abre sobre un gran jardín interior ovalado, cuyos bordes exteriores aparecen desgastados por las carreras que su titular se da por allí. Además, entrar en Interior le permitió conocer el mundo de la policía y sus dos servicios de información: el de Contraespionaje (DST) y el de Informaciones Generales (RG).
Las células de crisis y ciertos contactos con los servicios de inteligencia habían sido una de las ocupaciones de Villepin en los años previos al desalojo de la izquierda (2002), cuando era secretario general de la Presidencia. Villepin seguía cuestiones de los servicios de inteligencia como interlocutor de la jefatura del Estado, al tiempo que intentaba frenar a los jueces interesados en interrogar a Chirac respecto a dineros presuntamente ilegales.
Pero el nombramiento como ministro de Exteriores, a partir de mayo de 2002, aisló a Villepin de las redes de la política interior, proyectándole al escenario internacional. Su época más brillante llegó en 2003. Como ejecutivo de la contraofensiva a la coalición de las Azores -George Bush, Tony Blair y José María Aznar-, Dominique de Villepin no sufrió desgaste alguno, pero tampoco se potenció en la política francesa: simplemente fue valorado como el brillante intelectual capaz de ser aplaudido en el Consejo de Seguridad de la ONU al elevar la voz "de Francia y de un viejo continente, Europa", contra la invasión de Irak.
Necesitaba volver a la escena política interior si quería conservar posibilidades en la carrera presidencial. A finales de marzo de 2004, aprovechando una remodelación del Gobierno de París -so pretexto de reaccionar a las victorias obtenidas por la izquierda en unas elecciones regionales-, Villepin exigió la cartera de Interior y Chirac se lo concedió, desplazando a Sarkozy a la de Economía, aunque respetándole el rango teórico de número dos.
Un clima malsano se había fraguado entre los dos colegas de Gobierno. Las investigaciones sobre el llamado caso Clearstream comenzaron con Villepin en Exteriores y continuaron cuando pasó a Interior, hasta que el Servicio de Contraespionaje dictaminó que los listados sospechosos, con cientos de cuentas ocultas en la banca luxemburguesa Clearstream, habían sido falsificados. A medida que Sarkozy aumentaba la presión para hacerse con más poder -a finales de 2004 fue elegido presidente del partido gubernamental- pensó que se multiplicaban las operaciones contra él: su esposa, Cécilia Sarkozy, biznieta del compositor español Isaac Albéniz, se separó tras haber formado la perfecta "pareja presidencial" del futuro. Una nota del servicio policial de Informaciones Generales, "llegada milagrosamente a su despacho y detallando pretendidas infidelidades de su marido", pudo ser la causa de que Cécilia Sarkozy se marchara, según cree saber Franz-Olivier Giesbert, director del semanario Le Point, que lo ha consignado así en un libro (La tragedia del presidente) de orientación antichiraquista.
El desastre del referéndum europeo de mayo de 2005 tuvo consecuencias en el campo de Jacques Chirac. No solo dejó herido de muerte, políticamente, al presidente, sino que proporcionó a Sarkozy la oportunidad de recuperar las riendas del Ministerio del Interior. Muy debilitado por el fracaso cosechado en el plebiscito, Chirac lo aceptó, a costa de ascender a Villepin a jefe del Gobierno. El combate entre los dos delfines ha seguido marcando una parte de la agenda política.
Tampoco es la primera vez que se suceden los escándalos al final de un mandato presidencial, pero sí la más virulenta en cuanto a prácticas subterráneas. "Ese comportamiento responde a la tradición gaullista de les officines", opina Patrick Pepin. Les officines es una palabra peyorativa que designa estructuras extraoficiales o dependientes de alguna persona de poder, como podrían ser los GAL -en su versión más extrema- o las estructuras semigolpistas que sirvieron para encumbrar al general De Gaulle en 1958, en medio de un amago de golpe militar. En su versión contemporánea se alude a ellas como gabinetes negros, que preparan material a la espera de intentar el asesinato -política o civilmente, se entiende- del oponente.
Un grupo de esa naturaleza parece encontrarse en el origen del caso Clearstream. Dos jueces de París tienen el encargo de identificarlo. Jean-Louis Gergorin, vicepresidente del grupo industrial EADS hasta hace dos semanas, aparece como el estratega de la entrega de informaciones al general Philippe Rondot, a Villepin y al juez Renaud van Ruymbeke, que pusieron en marcha las diferentes investigaciones controvertidas en el corazón de la República. El jefe de la redacción del semanario Le Nouvel Observateur, Laurent Joffrin, asegura que "sería inútil buscar, incluso en los tiempos del conflicto entre Mitterrand y Rocard, un tal empleo de métodos de officine, tanto encarnizamiento para ensuciar y calumniar. La República chiraquista está enferma. Es verdad que toca a su fin".
Desde el 11 de septiembre de 2001, los servicios de inteligencia de todo el mundo se encuentran "en el centro de la crítica política, social y mediática", reflexiona el profesor español Antonio M. Díaz Fernández, autor de un estudio reciente de la Fundación Alternativas sobre El papel de la comunidad de inteligencia. A su juicio, la reiteración de fallos de seguridad -los atentados terroristas contra Nueva York, Washington, Bali, Madrid o Londres- implica fracasos de los servicios de inteligencia y, en cambio, otros informes de servicios secretos fueron usados para justificar una intervención militar contra Irak, con pruebas y estimaciones falsas o imprecisas. "Todos estos fallos tienen su base en la permanencia de una concepción de la inteligencia desfasada y enraizada en el periodo de la guerra fría", según el experto, quien también resalta la "politización de la inteligencia", es decir, poner a "los servicios" a trabajar sobre una decisión previamente adoptada.
¿Ha sido éste el caso de Francia? Los indicios apuntan en esa segunda dirección. El coordinador de las misiones de inteligencia exterior, el general Philippe Rondot, fue utilizado para "verificar" un supuesto caso de corrupción interna, más propio de los servicios de inteligencia interior. La ministra de Defensa, Michèle Alliot-Marie, jefa del general Rondot, se vio puenteada por Chirac y Villepin en la decisión de ocupar en esa tarea a quien era el coordinador de información y operaciones especiales de la Defensa. Después, una cadena de precisiones, desmentidos, cortinas de humo e intentos de ganar todo el tiempo posible.
Cierto es que el uso de agentes especiales para finalidades personales en la política no ha puesto en peligro la seguridad de Francia: el territorio de este país se ha visto libre de ataques terroristas a lo largo de un tiempo de perturbaciones políticas. La seguridad ha sido una de las claves del segundo mandato presidencial de Chirac y lo será igualmente en las próximas elecciones.
Por cierto, Francia no está escasa de efectivos en materia de servicios de información del Estado: más de 10.000 personas se reparten entre los que existen -al margen del servicio de información militar propiamente dicho, integrado por personas de uniforme-. De ellas, más de 5.000 corresponden al "servicio secreto", integrado en la Dirección General del Servicio Exterior (DGSE), que puede usar métodos clandestinos fuera del territorio nacional. Se encuentra encuadrado en el Ministerio de Defensa, aunque la Presidencia de la República y el gabinete del primer ministro también se relacionan con el organismo.
Los otros dos grandes servicios franceses de información trabajan bajo la tutela del Ministerio del Interior. La Dirección de Vigilancia del Territorio (DST) tiene atribuidas las funciones de contraespionaje, lucha contra el terrorismo (islamista, sobre todo) y de protección del patrimonio económico y científico. Cuenta con unas 1.500 personas y un estatus ambiguo: puede tomar la iniciativa o trabajar a disposición de jueces y fiscales.
El otro servicio de Interior es el de Informaciones Generales (RG), integrado por unos 4.000 policías. Muy pegados al terreno, se ocupan de vigilar a los llamados "grupos de riesgo". Tras haber espiado históricamente la vida política, sindical y económica, al servicio del gobierno de turno, últimamente se han centrado en grupos extremistas, movimientos independentistas (ETA entre ellos), vigilancia de mezquitas sospechosas de radicalismo y, más recientemente, en los riesgos de violencias en los suburbios.
La crisis provocada por el caso Clearstream coincide también con un debate europeo sobre la conveniencia de una mayor coordinación entre servicios de inteligencia, incluso con la designación de un Zar específicamente encargado de ello. La guerra entre servicios suele ser el argumento más socorrido cuando se pretenden justificar fallos de seguridad; pero romper esas rivalidades y concentrar la información supone también concentrar el poder. La Administración de George Bush creó la figura del Director Nacional de Información, lo cual ha convertido a John Negroponte en una persona dotada de amplios poderes operativos y de un enorme presupuesto, encargado de coordinar a una quincena de agencias de seguridad. Otros expertos discuten ese camino. Francia no lo ha adoptado; ni siquiera el general Rondot disponía de esas facultades. Desde su cargo de "coordinador de información y operaciones especiales" trabajaba con varios servicios, pero formalmente no era su jefe.
Mucho menos claro es el debate sobre las garantías en el correcto funcionamiento de los servicios. Subsiste la pregunta inicial: ¿con qué control?
* Este artículo apareció en la edición impresa del Martes, 6 de junio de 2006