La polémica del teatro Albéniz será debatida mañana, jueves, en la Asamblea regional a propuesta del PSOE, que viene reclamando al Gobierno de Esperanza Aguirre que lo declare bien de interés cultural (BIC).
Pero ayer el grupo parlamentario de IU presentó una enmienda a la proposición no de ley socialista, donde plantea la posibilidad de que la Consejería de Cultura y Deportes acuda a la fórmula de la expropiación forzosa si no puede adquirir el teatro, como prometió el PP en su programa electoral.
Una portavoz de la Consejería de Cultura aseguró que esta opción no ha sido contemplada porque la Comunidad "no tiene intención de mantener otro teatro, ya que cuenta con los del Canal". El consejero Santiago Fisas ha contado estos días que su consejería trató sin éxito de adquirir la sala cultural. "No podemos obligar a vender a los propietarios", recalcó. También dijo que ve poco "factible" una declaración de bien de interés cultural, porque lo impide la sentencia del Tribunal Supremo.
El portavoz de Cultura de IU, Luis Suárez, explicó que su grupo plantea reclamar la expropiación forzosa, sobre la base de "una causa de interés social". Esta opción, recogida en el artículo 23 de la Ley de Patrimonio Histórico de la Comunidad 10/98 de 9 de julio, se abriría "en caso de que [el dueño] no cumpla los deberes de conservación y protección del inmueble y de mantener el uso de teatro", aclaró.
El portavoz de Cultura de IU recordó que el grupo inmobiliario Monteverde, propietario de la sala, ha reclamado que, si alguien quiere comprar el teatro, deberá abonar el "lucro cesante". "Me temo que están confundiendo el lucro cesante con la especulación", subrayó Suárez.
IU propone también incoar un expediente para que el teatro sea declarado bien de interés cultural o, al menos, incluido en el inventario de bienes culturales. "Es una clasificación diferente, pero supone la misma protección", afirmó.
Suárez aseguró que esta clasificación podría ser solicitada por iniciativa ciudadana. Según él, el artículo 5.3 de la ley de Patrimonio contempla "la acción pública de salvaguarda", por la que los particulares pueden reclamar la protección del Albéniz.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Miércoles, 7 de junio de 2006