La experiencia fue un éxito para el 77% de los 30 funcionarios que participaron en el proyecto piloto de teletrabajo. Tanto que el Gobierno pretende extender esta modalidad de empleo a toda la Administración central, como otra medida incluida en el Plan Concilia de la vida laboral y la familiar.
Primero, se deberá modificar la orden ministerial que regula el horario laboral de la función pública -la negociación con los sindicatos se pone en marcha este mes de junio- y después empezará la negociación para fijar los criterios que deben cumplir los trabajadores para acogerse a esta nueva modalidad de empleo, seguramente a partir de septiembre, explicó Dolores Carrión, subsecretaria de Administraciones Públicas.
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De los 227.000 empleados que tiene el Estado -excepto las fuerzas de seguridad-, solamente los que se dedican a servicios centrales y no están en contacto directo con el ciudadano podrán teletrabajar, si lo desean, desde su casa. En total, la medida podría llegar a unas 150.000 personas.
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* Este artículo apareció en la edición impresa del Jueves, 8 de junio de 2006