El PP y el PSPV de Alicante intensificaron ayer el cruce de reproches mutuos ante el proyecto urbanístico más ambicioso de la historia de la ciudad, el plan Rabassa -15.000 nuevas viviendas al norte de la periferia de la capital-. En la antesala de la aprobación definitiva del documento por parte del pleno de la Corporación, el próximo martes, el portavoz del grupo socialista, Manuel de Barros, pidió su retirada, "por la concentración de viviendas de protección oficial y su negativo impacto ambiental". El alcalde, Luis Díaz Alperi, y la concejal de Urbanismo, Sonia Castedo, descalificaron la crítica de De Barros y recordaron a los socialistas su voto favorable al programa en el pleno de abril de 2005. "El PSPV va a votar en contra de sus propias alegaciones. No están autorizados para decir nada en contra del plan y se ven forzados a urdir y ver cómo salen de una situación en la que no solo pidiendo perdón y diciendo nos equivocamos lo tienen arreglado", dijo Alperi.
Al margen de cruce de acusaciones, el PP hizo valer su mayoría absoluta en la comisión de Urbanismo para dar luz verde al dictamen de alegaciones. La edil de Urbanismo insistió en la legalidad del PAI y restó importancia al informe del secretario que califica de "extralegal" la segunda exposición al pública. "El plan se adapta escrupulosamente a la legislación urbanística. Hay que recordar a los que dicen lo contrario que por encima de los reglamentos están las leyes", dijo. De esta forma, la concejal salió al paso de la crítica de la Plataforma de Iniciativas Ciudadanas (antes Plataforma contra el Plan Rabasa) que mantiene que las nuevas normas urbanísticas impiden la aprobación del proyecto.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Jueves, 8 de junio de 2006