Una comisión de 30 diputados -de la mayoritaria y conservadora UMP (Unión por un Movimiento Popular), del socialista PS, del comunista PCF o los centristas y democratacristianos de la UDF- ha presentado una serie de medidas aprobadas por unanimidad y destinadas a reformar el funcionamiento de la justicia francesa. Las propuestas de los diputados llegan tras realizar lo que han calificado como "una radiografía de un desastre judicial" muy precisa y a la que han llegado tras 200 horas de interrogatorio de las partes implicadas en el llamado affaire Outreau. En dicho asunto 18 personas fueron encarceladas y condenadas en primera instancia, acusadas de prácticas pederastas. En segunda instancia se hicieron evidentes muchas contradicciones y defectos de la instrucción, hasta el punto de que sólo cuatro personas vieron ratificadas sus condenas.
Las otras 13 -uno de los falsos culpables se suicidó en la prisión- han quedado en libertad, exculpadas de cualquier responsabilidad. Los 13 liberados han pasado varios años en la cárcel, varios matrimonios han quedado destruidos y los hijos de los mismos sufren importantes trastornos psíquicos.
Para los diputados es importante acabar con la figura de un juez instructor solitario y todopoderoso y sugieren que sean tres los magistrados que instruyan el sumario y que, como mínimo uno de ellos tenga siete o más años de experiencia. En su informe hablan de "excesiva valoración de la palabra de los expertos" -los psicólogos se revelaron incapaces de distinguir la verdad de la mentira en el testimonio de los niños-, piden que se grabe en vídeo la totalidad del testimonio de menores y que sus "palabras sean recogidas con prudencia".
Los diputados también quieren limitar el recurso a la prisión preventiva. Si en la actualidad, en los casos criminales, la preventiva puede prolongarse hasta cuatro años y en los de correccional hasta dos, los diputados sugieren dividir por dos esos topes. Además, en el momento de la detención, quieren que el abogado pueda asistir a su cliente después de las primeras 24 horas -los socialistas verían con buenos ojos que esa atención se diera ya en un primer momento- y que el letrado tenga acceso al dossier desde el principio de la instrucción. Eso debiera permitir a la defensa realizar determinadas pruebas periciales u ordenar la repetición de las que considere que no son concluyentes o han estado obtenidas sin garantías.
Todas las sugerencias de los diputados van acompañadas de otra importante: aumentar en un 50% el presupuesto del ministerio de Justicia. El titular de la cartera, Pascal Clement, recibirá a los diputados el 14 de junio y querría redactar una ley que tuviese en cuenta la aportación de los diputados.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Jueves, 8 de junio de 2006