Tras un largo, frustrante y aún no logrado intento para que la Iglesia católica deje de utilizar mi involuntaria pertenencia administrativa a ella, veo aumentada mi frustración e impotencia con la negativa del grupo parlamentario socialista a regular el procedimiento de garantizar el derecho a la apostasía. El argumento utilizado: "No se puede controlar con una ley civil una cuestión privada". Si tan privada es la Iglesia católica, ¿por qué el Estado nos obliga a financiarla con nuestros impuestos.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Miércoles, 14 de junio de 2006