No son días fáciles en España ni para quien administra la justicia ni para los vigilantes del orden. Pocas de sus acciones son bien comprendidas. Porque, además, a veces son muy difíciles de comprender. Un botón de muestra: cinco presuntos atracadores de bancos, de nacionalidad española, que actuaban desde hacía tiempo en Madrid y que habían cometido ya 15 robos (en uno resultó herido un vigilante), han sido puestos en libertad pese a haber sido descubiertos cuando intentaban asaltar, hace una semana, una oficina bancaria. Armados y encapuchados, se hallaban escondidos en un falso techo del cajero automático. La captura había sido preparada por la policía tras haber identificado semanas antes a uno de los miembros de la banda.
Uno de ellos se encontraba en tercer grado penitenciario. En ella participaron agentes del Grupo Especial de Operaciones (GEO). La juez de turno decidió no adoptar medidas cautelares porque la fiscal no lo solicitó, al considerar que se trataba sólo de una tentativa de robo y que no había pruebas suficientes para implicarles en los otros atracos. La policía ha reaccionado con indignación. Desde la justicia se dice que los responsables policiales no aportaron ni huellas ni pruebas directas y que son sólo suposiciones su responsabilidad en los demás asaltos. Es muy probable que fueran ellos los autores de la cadena de robos. De hacer caso a las explicaciones judiciales, la policía tendría que haberse provisto de más elementos antes de lanzarse a la captura, a fin de obtener su encarcelamiento, porque como es sabido no bastan las sospechas. Ahora bien, la historia deja un regusto de perplejidad y frustración en la ciudadanía. Y de que alguien, en la policía o en los tribunales, o en ambas partes, ha actuado irresponsablemente.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Jueves, 15 de junio de 2006