La directora general de Instituciones Penitenciarias, convocó una rueda de prensa para anunciarnos que tenemos más presos que ningún otro Estado miembro de la UE, que hemos sobrepasado los límites funcionales para el sistema y que las nuevas cárceles tardarán en llegar; no es la primera vez que hace estos gestos en apariencia valientes, y pone a la sociedad española frente a las deficiencias estructurales del sistema penitenciario, que ella dirige.
Pero nos gustaría escuchar también propuestas concretas, alguna iniciativa política inmediata, por ejemplo, sacar el servicio público penitenciario del Ministerio de Interior y devolverlo a Justicia, donde debió permanecer. La organización de los servicios y las funciones de los puestos de trabajo están reguladas todavía por el Reglamento de 1981.
Por otro lado, el mandato constitucional que es muy claro, nos encomienda a los penitenciarios, procurar la reeducación y la reinserción social de los penados, y evitar, en la medida de lo posible, el deterioro físico y psíquico de los presos preventivos, pero carecemos de los recursos personales y técnicos imprescindibles. La Institución permanece cerrada sobre sí misma, alejada de la investigación universitaria, sospechando de todo lo que llega del exterior, sin formación ni reciclaje de los trabajadores. La coordinación interadministrativa, que las Comunidades Autónomas y los Ayuntamientos se comprometan con sus ciudadanos presos, resulta imprescindible durante el internamiento y cuando alcanzan la libertad, pero hemos avanzado muy poco al respecto.
Sólo una gestión política más efectiva y menos efectista que la habida hasta ahora, evitará que la cárcel se convierta en un almacén de delincuentes, donde el hacinamiento provocaría como única respuesta administrativa la construcción de más cárceles, alejadas, eso sí, de los núcleos urbanos para que sean menos costosas y permitan invisibilizar a sus ocupantes. Se anunciaron 15 nuevas hasta el año 2012.
Un objetivo menos mediático, pero institucionalmente más ambicioso, sería quitarle truculencia a nuestro trabajo, normalizar la vida en prisión, mejorar el empleo productivo, la formación ocupacional, la sanidad y la atención social de los internos y, desde la cárcel, ofrecerles la mejor preparación posible para la vida en libertad.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Domingo, 18 de junio de 2006