Los socialistas pedirán la comparecencia urgente de la presidenta del Tribunal de Cuentas, María Asunción Macho, para que explique el informe sobre la disolución del matadero municipal de Bilbao, cuyo contenido se varió para minimizar las presuntas irregularidades. El PSE cree que hay "serios indicios" de delitos como malversación de fondos y prevaricación y que se ha ocultado "intencionadamente" información sobre el proceso de liquidación. El concejal de Salud de Bilbao, Joseba Ruiz de Loizaga, negó ayer irregularidades en la disolución.
El matadero municipal de Zorroza está gestionado desde hace un año ahora por la sociedad Gurokela, creada por 263 ganaderos con el apoyo económico del Gobierno. Desde 1992 funcionaba como entidad pública hasta que se disolvió el 31 de marzo de 2005 debido a las pérdidas económicas.
Pero el proceso de liquidación fue criticado con dureza por la oposición en el consistorio bilbaíno, que primero veía viable su mantenimiento y luego censuró que se pagaran casi 3,6 millones de euros para las jubilaciones anticipadas, cuando un informe económico elaborado para justificar la disolución fijó el coste de la salida de los trabajadores en menos de 900.000 euros.
La operación fue investigada por el Tribunal Vasco de Cuentas, que en un informe preliminar señaló que el Ayuntamiento de Bilbao había abonado 2,5 millones más de euros de lo debido en las jubilaciones. Destacaba los casos del antiguo gerente, Enrique Aldecoa, quien recibió la cantidad más alta -302.000 euros- y poco después fue designado alto cargo en el Departamento de Agricultura de la Diputación de Vizcaya, donde permanece, y de otro empleado que recibió 92.000 euros y se jubilaba en las fechas de la disolución.
"Afinidad política"
Pero el informe definitivo suavizó las conclusiones -la ponente había sido una consejera designada por el PSE- merced a la mayoría nacionalista del Tribunal de Cuentas, con cuatro consejeros, frente a los dos de los socialistas y uno del Partido Popular. El cambio en el contenido del estudio motivó que estos tres miembros emitieran sendos votos particulares, una situación inusual en el órgano que fiscaliza la actividad de las administraciones y entidades públicas.
El portavoz del PSE en el Parlamento, José Antonio Pastor, destacó que el informe definitivo se ha emitido sin que, tras los cambios introducidos, un nuevo ponente realice otro trabajo de investigación sobre lo ocurrido. "Han votado en contra de lo que en principio parecía claro a la luz de la investigación sin causa ni justificación suficiente, salvo la afinidad política entre la mayoría del tribunal y los responsables de la liquidación del matadero", señaló Pastor.
El portavoz socialista opinó que existe "un posible fraude" a las arcas municipales por multiplicar "por cuatro" las indemnizaciones aprobadas por el pleno de Bilbao y que se abonaron los 300.000 euros al antiguo gerente "sin que conste donde se ha tomado la decisión ni cuando se ha comunicado tal acuerdo". A ello añadió que los acuerdos "se ocultaron sistemáticamente" a los consejeros de la sociedad municipal del matadero. "Todas estas conclusiones se desprendían de la investigación realizada en el seno del Tribunal Vasco de Cuentas".
El PSE señaló que, por ello, estudiará la interposición de acciones legales y "de momento" solicitará la comparecencia urgente en el Parlamento de la presidente del Tribunal Vasco de Cuentas, "a fin de que explique el cambio de postura sobre la investigación inicial" y aporte todo la documentación sobre las deliberaciones realizadas en el seno de este órgano fiscalizador. "Estamos ante un caso que no es precisamente de denuncia política sino que tiene serios indicios de delitos penales", aseguró Pastor, que citó la malversación de fondos públicos y la prevaricación.
El concejal de Salud del Ayuntamiento de Bilbao, Joseba Ruiz de Loizaga, negó cualquier irregularidad y dijo que se buscó la recolocación de los empleados siguiendo el acuerdo plenario, informa Europa Press.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Martes, 20 de junio de 2006