La junta de personal docente no universitario de Córdoba ha instado a la Delegación Provincial de Educación, solicitando que adopte las medidas oportunas "para que se retire la simbología religiosa de los centros docentes públicos". Es una petición que se acomoda a una orden de la Delegación de Jaén, por la que se decidió que se retiraran crucifijos y símbolos religiosos de un colegio público. Petición y decisión que han traído a mi memoria la conversación que no hace muchos días manteníamos un grupo de amigos. Decía uno de ellos, que es religioso y católico, que "jamás se había hablado tanto de política entre religiosos". Se manifestaba extrañado. No entendía que la política autonómica fuera la gran preocupación moral de su Iglesia. Me extrañó su extrañeza.
La historia más reciente enseña que la Iglesia oficial española practicó una política de identificación con el régimen franquista. Los acuerdos de la Santa Sede con esta dictadura y su tolerancia con las botas eran monedas de cambio recíprocas hasta el punto de acuñar en las monedas que el caudillo lo era "por la gracia de Dios". Los intereses económicos que surgieron a rebufo de esta situación y la protección extensiva, por esta forma de entender el apostolado para la parte dominante de España, le han ayudado a ocupar un lugar de privilegio. Un espacio que se le ha respetado en democracia y que, en lugar de servirle de apoyo y avance, quieren que continúe como si aquellas monedas siguieran circulando.
Es una Iglesia oficial, que no camina junto con una sociedad abierta al futuro, ni está con sus preocupaciones. Y así mientras la sociedad se ocupa de las bolsas de marginación, como está sucediendo en Sevilla en las Tres Mil Viviendas, y de la inmigración, porque los poderes tienen como una de sus obligaciones estos objetivos, el episcopado, sea del Sur o del Norte, se entretiene con otros. Hoy su mayor ocupación es mirar por lo que cree debe ser la unidad de España; también por su oposición al nuevo Estatuto de Autonomía de Andalucía. Y centrada la Iglesia oficial en esta suerte de ocupaciones, desaparece cualquier obstáculo o impedimento que pudiera frenar una crítica que sí se frenaría, por el respeto que se merece por su capital evangélico, si no se utilizara el catolicismo como una máscara para hacer política.
Es el gran problema que tiene esta Iglesia becada. Mayor aún cuando sus posicionamientos se confunden con la derecha más radical. Desde este punto de vista, y al margen del laicismo que se proclama por el Estado, no resulta extraño que surjan opiniones y se solicite que se desmilitaricen de signos de religiosidad los colegios públicos, como ha ocurrido en Córdoba y en Baeza.
Después de todo y tal como ha recordado el secretario del PP-A, refiriéndose a las posibles incompatibilidades de algunos miembros de la gestora marbellí -por cierto con bastante acierto-, no se puede soplar y sorber al mismo tiempo.
Tal vez quiero pensar, que, puesto que el Estado Español tiene unos acuerdos con el Estado vaticano, si estos nuncios se comportaran en España con el mismo respeto que los embajadores y cónsules de otros Estados y no interfirieran oficialmente en cuestiones de estructuración autonómica, por lo mismo que las autonomías no intervienen en la estructuración cardenalicia ni en la elección del papa, otro gallo, o el de San Pedro, les cantaría.
En cualquier caso no esta demás recordar a esta Iglesia tan preocupada por la moralidad autonómica que la Dirección General de Empleo de la Comisión Europea ha reprendido al gobierno español y por tanto al andaluz, dadas las transferencias en materia de enseñanza, por el trato que dispensan a los profesores de Religión. Hasta el punto que se llevan pagados más de 300 millones de euros por las condenas que los tribunales de justicia españoles han impuesto a las administraciones públicas por despidos nulos y daños morales, derivados de la actuación obispal sobre los profesores de religión.
En fin que, con independencia de lo que representan para esta sociedad, el episcopado oficial debería comprender que no es un grupo político y que no se puede practicar impunemente la ilegalidad en un estado de derecho, ni utilizar símbolos religiosos para propagar su fe nacional. O lo que es lo mismo, que no se puede soplar y sorber al mismo tiempo.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Miércoles, 21 de junio de 2006