Los investigadores del Programa Ramón y Cajal de la Universidad Politécnica de Valencia alzaron ayer la voz para denunciar lo que consideran una "marginación sistemática" por parte del equipo de gobierno de la institución. El programa Ramón y Cajal fue puesto en marcha por el Gobierno en 2001 para atraer y retener cerebros, investigadores con una trayectoria acreditada. El contrato de los cajales duraba cinco años y contemplaba rigurosas evaluaciones periódicas. La filosofía del plan era que al terminar ese periodo los científicos fueran integrados en los centros en los que hubieran trabajado.
Los primeros investigadores en llegar a las universidades públicas valencianas acaban contrato dentro de pocos meses. Mientras las otras cuatro instituciones han comprometido por escrito planes para estabilizarlos, el panorama se presenta sombrío para los cajales de la Politécnica. "Tras cinco años generando conocimiento de alto nivel, lo único que se nos ofrece son soluciones improvisadas, indignantes o inviables, sin mostrar una clara voluntad de incorporarnos a esta universidad a la que día a día contribuimos, pero que sistemáticamente nos margina", afirmaron ayer en un comunicado. La institución declinó hacer comentarios.
Es la primera vez que los cajales del campus de Vera manifiestan públicamente su malestar. En parte porque son menos que en otras universidades (como en la de València, donde las protestas comenzaron el año pasado y donde han logrado ya un compromiso de estabilización); y en parte, porque en la Politécnica la cultura de la movilización se encuentra mucho menos asentada. La última en hacerse cargo de sus cajales ha sido la Miguel Hernández de Elche, donde serán absorbidos mediante la figura del profesor contratado doctor o a través de una fundación.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Miércoles, 21 de junio de 2006