La Fundación Cajasur, que gestionará parte de la Obra Social y Cultural de la entidad, cuenta con un presupuesto de 14,8 millones de euros para este ejercicio. Este órgano se creó en el año 1992, según explicó ayer Salvador Blanco (PSOE), vicepresidente ejecutivo de la caja. Sin embargo, no ha tenido desde que nació una dotación económica.
En la última asamblea general de la entidad, celebrada en el mes de mayo pasado, se aprobó, tal y como se había anunciado anteriormente, que la fundación se haría cargo de las acciones en colaboración con instituciones y entidades. Según las cuentas aprobadas en mayo, de los 21,5 millones que la entidad dedica a este tipo de actividades, 14,8 se destinarían a la fundación. El resto es para la gestión de la obra propia.
Tras la salida del sacerdote Miguel Castillejo y de prácticamente todo su equipo de la entidad, se decidió que Cajasur, al igual que la mayoría de cajas españolas, gestionara sus actuaciones sociales y culturales a través de una fundación. Esto permite, según dijo ayer el actual presidente, el también sacerdote Juan Moreno, agilizar las acciones. Ayer se presentó el logotipo de la fundación en Córdoba.
El patronato de la fundación coincide con el consejo de administración de la entidad. Por lo tanto, Juan Moreno es su presidente y Salvador Blanco es el vicepresidente primero. Para su gestión, se ha previsto la creación de un comité ejecutivo en el que tendrán representación todos los grupos del consejo de administración. Aurora Atoche (PSOE) es la directora general de la Fundación Cajasur, además de ser la responsable de la Obra Social y Cultural de la caja. Atoche, explicó ayer que a través de la fundación se canalizarán las relaciones con las entidades privadas y públicas con las que la caja realiza obras sociales y culturales.
Auditoría
La gestión de la Obra Social y Cultural de Cajasur en la anterior etapa fue polémica en algunos aspectos. De hecho, la Subdirección General de Auditoría de la entidad presentó un informe en la asamblea del 17 de diciembre en la que se incidía en numerosas anomalías. Entre otras se apuntó que "no existe ningún control sobre la ubicación actual de obras de arte" por un valor de 626.000 euros. Además, se afirmaba que en el presupuesto de 2005 no se especificó el importe "destinado al detalle de cada actividad" de la obra social.
Por otro lado, los auditores también alertaron de que "nunca se ha indicado en los presupuestos el total de inversiones previstas y los gastos proyectados de forma bien diferenciada". En el informe también se indicaba que las ayudas a actuaciones ajenas supusieron el 14,97% de la obra propia en 2004, cuando la ley marca que éstas no pueden superar el 10%.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Jueves, 22 de junio de 2006