El juez de la Audiencia Nacional Fernando Grande-Marlaska, en relación con la operación de desmantelamiento de la red de extorsión de la banda terrorista ETA, ha decidido imputar a dos empresarios que hicieron efectivo el pago de las cantidades exigidas en concepto de impuesto revolucionario, según confirmaron anoche fuentes judiciales. Las mismas fuentes señalaron que mañana viernes comparecerán ante el juez los detenidos en la operación del martes pasado en la operación coordinada entre Grande-Marlaska y la juez francesa Laurence Levert. La Fiscalía de la Audiencia Nacional era hasta ayer la única parte acusadora en este proceso, ya que no se han personado acusaciones particulares. Fuentes judiciales dijeron que la fiscalía estudiará a partir de las pruebas existentes si cabe dictar alguna medida cautelar contra los detenidos, de prisión incondicional o prisión con fianza.
Por el momento, la Fiscalía, a falta aún de estudiar el atestado policial, aprecia un posible delito de colaboración con organización terrorista en la conducta de los detenidos el martes, informa Efe. Así lo indicó ayer un portavoz del ministerio público, que precisó que las acusaciones, que podrían extenderse a los delitos de pertenencia y allegamiento de fondos a organización terrorista, se concretarán cuando los detenidos -cinco en España y siete en Francia- hayan prestado declaración judicial. Entre los actos de colaboración con banda terrorista, el Código Penal cita expresamente la "ayuda o mediación, económica o de otro género, con las actividades de las citadas bandas armadas, organizaciones o grupos terroristas".
La investigación ha permitido desmantelar una red que coordinaba y canalizaba desde Francia las peticiones exigiendo el pago del impuesto revolucionario a los empresarios españoles, según el Ministerio del Interior.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Jueves, 22 de junio de 2006