La Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, el Ayuntamiento de Jaén y cuatro asociaciones de vecinos firmaron ayer el protocolo para evitar el riesgo de avenidas en las zonas residenciales de los Puentes, donde en 1996 se produjeron graves inundaciones. El acuerdo, que se firmó en un ambiente de enfrentamiento político, prevé una presa de laminación y el encauzamiento del río. El director general de Aguas, Jaime Palop, no garantizó que no sea necesario tirar los chalés ilegales de la zona.
Pese al llamamiento de los vecinos para evitar las diferencias políticas, la tensión se hizo patente cuando el alcalde, Miguel Sánchez de Alcázar, se negó a posar en la foto de familia y abandonó el acto enojado porque el consejero de la Presidencia, Gaspar Zarrías, atribuyó parte del éxito del convenio a la iniciativa de la candidata socialista, Carmen Peñalver. "A ver si la señora Peñalver es igual de diligente con las viviendas protegidas", replicó el alcalde a Zarrías, sacando a colación otro tema que enfrenta desde hace años al Ayuntamiento jiennense y a la Junta.
Otro momento de cierta tensión se vivió cuando el director general de Aguas, Jaime Palop, dijo que la presa de laminación del río Eliche -proyectada por el anterior Gobierno del PP- "no es la solución completa" al problema de los Puentes. El alcalde de Jaén interrumpió entonces la conferencia de prensa y tomó la palabra para poner a los dirigentes socialistas al pie de los caballos de los vecinos al asegurar que el Ministerio de Medio Ambiente había planteado en una reunión anterior que había demoler los chalés ilegales. "Es un tema que depende de la voluntad política y de aparcar los intereses electorales; si jugamos a ver quién se pone antes la medalla nos iremos al siglo XXII", aseveró Sánchez de Alcázar para zanjar la discusión.
Chalés ilegales
Bernabé Vallecillo, portavoz de las cuatro asociaciones vecinales de los Puentes, demandó de los políticos generosidad para solucionar un problema enquistado desde hace medio siglo. Sin embargo, no encontraron una respuesta tajante de la Administración a su petición para no tirar chalé alguno.
El trasfondo del conflicto es el informe de la Confederación Hidrográfica sobre 1.655 viviendas que hay que deslindar: 155 -en su mayoría chalés de segunda residencia- están en situación ilegal al encontrarse a menos de 50 metros del cauce del río y ocupar, por tanto, las zonas de servidumbre y dominio público hidráulico.
El año pasado, el subdelegado del Gobierno en Jaén, Fernando Calahorro, dijo que habría que tirar estos chalés, aunque más tarde precisó que se decidirá en función de cada proyecto y que se darían compensaciones.
Jaime Palop dijo ayer que "hay que buscar el equilibrio" entre la seguridad de los vecinos y la estética del cauce del río y, en todo caso, dejó la decisión final al criterio de la comisión de seguimiento que se creará. "No sé decir si habrá que tirar alguna vivienda o no", señaló.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Viernes, 7 de julio de 2006