Entre el discurso político y el sentido común hay demasiadas veces una distancia difícil de justificar. Es una brecha que sólo persiste porque el desgaste cotidiano de la retórica tiene un efecto anestésico sobre los ciudadanos, aunque a menudo induzca a la perplejidad. Cualquiera entiende, por ejemplo, que el anuncio de la empresa pública Ferrocarrils de la Generalitat valenciana de que instalará 15 o 16 balizas de frenado automático en la línea 1 del metro de Valencia, una de ellas justo antes de la señal de limitación de velocidad que no respetó el tren descarrilado el 3 de julio con el resultado de 43 muertos, evidencia que había un déficit de seguridad. No cabe demostración más palmaria de que el tren no circulaba en las mejores condiciones posibles. Cualquiera lo puede entender desde una lógica tan elemental como extraña al discurso oficial del Gobierno valenciano, encastillado en negar casi todas las evidencias y en rechazar de antemano cualquier crítica a su gestión.
Según los argumentos de la gerente de la empresa, del consejero de Transporte y, en definitiva, de todo el Ejecutivo que preside Francisco Camps, las condiciones de seguridad en el túnel donde ocurrió la tragedia eran suficientes. En ello se han enrocado para que nadie asuma, ni parezca dispuesto a hacerlo, responsabilidad política alguna sobre lo ocurrido. Sin embargo, la función de la baliza, que se instalará ahora a unos 150 metros de la curva fatídica, consiste en frenar a cualquier otro metro que pudiera lanzarse hacia la estación de Jesús en dirección al desastre. Otra pregunta queda en el aire: ¿con qué grado de seguridad han circulado los tres durante los últimos 15 días sin la baliza que ahora se va a instalar?
* Este artículo apareció en la edición impresa del Miércoles, 19 de julio de 2006