En España la apertura de farmacias está muy restringida por la existencia de módulos de población y distancia, lo que impide su libre establecimiento. Estas restricciones, aunque están maquilladas de protección de la salud pública, en realidad encubren dos hechos: que los titulares de farmacias representados por los colegios de farmacéuticos no quieren que el mercado del medicamento se reparta y, por otro lado, que ningún Gobierno de España ha querido renunciar a la importante carta que supone la posibilidad de liberalizar el sector a la hora de negociar con los colegios de farmacéuticos, por ejemplo, bajadas en los márgenes de beneficio de las farmacias.
Todo ello ha llevado a que se haya desarrollado una política de ordenación y planificación farmacéutica abusiva e injusta y que haya obligado a que los propios farmacéuticos sin farmacia recurrieran a la Comisión Europea para denunciarlo. La respuesta de la Comisión ha sido demoledora, pues ha emitido un dictamen motivado que exige al Estado español que suprima las restricciones a la libertad de establecimiento de farmacias por ser incompatibles con el Tratado de la Comunidad Europea. Además, describe como modelo de planificación más proporcionado el existente en Navarra, donde los módulos de población y distancia necesarios para la autorización de aperturas son mucho menores que en el resto de España. ¿Acatará España el dictamen o tendrá que recurrir la Comisión al Tribunal de Justicia de la Unión Europea.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Lunes, 24 de julio de 2006