El reciente descubrimiento de la trama de corrupción urbanística orquestada en Marbella -la punta del iceberg de la corrupción urbanística que hay en España- y los problemas medioambientales que ocasionan la construcción desaforada de complejos urbanísticos en el litoral español, deberían ser razones suficientes para que el Ministerio de la Vivienda y el Ministerio de Medio Ambiente, a partir de ahora, tuvieran las competencias adecuadas para supervisar la construcción de complejos urbanísticos que, actualmente, están en manos de las autoridades locales y autonómicas, aunque ello supusiera un retroceso de las competencias logradas en esta materia tanto por ayuntamientos como por comunidades autónomas.
Incluso, se podría articular un organismo judicial independiente -algo así como una fiscalía- que, en colaboración con dichos ministerios, vigilara la correcta adecuación legal de dichos proyectos urbanísticos a la normativa mercantil y medioambiental vigente, para evitar, precisamente, la corrupción y la degradación del medio ambiente. Si ayuntamientos y comunidades autónomas no son capaces de frenar estos desmanes, que lo haga el Estado, ya que alguna Administración tiene que velar por los intereses generales.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Lunes, 24 de julio de 2006