La ciudad visigoda sigue creando polémica. Ahora son los empresarios de la Vega Baja toledana los que piden explicaciones. Se reunieron ayer, después de que el presidente de Castilla-La Mancha, José María Barreda (PSOE), cambiara de opinión el martes y anunciara la paralización del proyecto de 1.300 viviendas de titularidad pública previstas allí, donde emergían muros visigodos.
"¿Cómo íbamos a pensar que un proyecto público, promovido y autorizado por la Administración local y regional, iba a estar envenenado? Nos ocultaron los informes de 2001, que mostraban los restos arqueológicos, cuando compramos los terrenos. Dijeron que no había nada y que en seis meses podríamos construir. Y nos hicieron firmar un contrato oscuro e inconcreto", dijo Antonio Sánchez Horneros, presidente de la asociación de empresarios. "La decisión de Barreda es precipitada, por la presión mediática, e incalculada. Pedimos la rescisión de los contratos y la indemnización por las inversiones realizadas. Esperamos que controlen a los cooperativistas, que ya nos presionan seriamente". El alcalde de Toledo, José Manuel Molina (PP), ha puesto la pelota en el tejado de la junta: "Tendrán que preparar las indemnizaciones si quieren hacer un parque arqueológico en la zona". Y Barreda ha abogado por llegar a un acuerdo con todas las partes.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Sábado, 29 de julio de 2006