El Programa Ramón y Cajal para investigadores, puesto en marcha en 2001 para paliar la fuga de cerebros, tiene que ser "corregido", según afirmó ayer el secretario de Estado de Universidades e Investigación, Miguel Ángel Quintanilla, en el curso de periodismo científico de la UAM/EL PAÍS y la Fundación BBVA.
Quintanilla anunció que, en las próximas convocatorias, los investigadores que cumplan ciertos requisitos al terminar sus cinco años de contrato obtendrán necesariamente una plaza. El Gobierno está buscando la fórmula jurídica para conciliar esta medida con la autonomía de las universidades y de los organismos públicos de investigación para elegir a quién quieren contratar.
El secretario de Estado aseguró que los contratos se vincularán "a un proyecto de investigación concreto", con fondos del Gobierno. "Hay que evitar que los investigadores no tengan presupuesto", añadió.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Sábado, 29 de julio de 2006