Interesante es el debate sobre la ley que regulará el tratamiento de la deuda externa por el Gobierno español. Esta ley, aprobada en el Congreso el pasado 22 de junio con una fuerte crítica de los movimientos sociales, reafirma y regula lo que hasta ahora estaba desregulado. Como decía en estas páginas Eduardo Madina: "Queda convertido en ley lo que hasta ahora era una demostración de voluntad política". Pero, ¿de qué voluntad estamos hablando? ¿Qué solidaridad internacional se está practicando realmente?
Para empezar la Ayuda Oficial al Desarrollo (AOD) del Gobierno español sigue en un 70% ligada a intereses económicos y geoestratégicos; de los 3.345 millones de euros presupuestados para 2006 en AOD, 1.000 millones corresponden a los llamados créditos FAD, con los que se promueve la penetración de multinacionales españolas en los países empobrecidos sin ningún control de los daños medioambientales y sociales que provocan en sus poblaciones. ¡El primer Gobierno del PSOE utilizaba estos créditos para la venta de armamentos incluso a Estados que violaban los derechos humanos!
La Ley de Deuda aprobada va en esa misma línea; tanto en el preámbulo, como en los primeros artículos, se observa el economicismo poco solidario en que se basa: en el artículo 1 aparece que la política de tratamiento de deuda será "consistente con los objetivos de la hacienda pública"; en el artículo 3 se habla del "respeto a la estabilidad financiera y de las obligaciones contractuales" (obligaciones que actualmente se traducen en que muchos Estados gastan anualmente cuatro veces más en el servicio de la deuda que en la inversión en educación y sanidad).
El artículo 4 habla de la tan celebrada estrategia de deuda por desarrollo; esta estrategia abre las puertas a la inversión privada (de hecho la deuda externa será gestionada conjuntamente por los ministerios de Industria, Comercio y Turismo, Ministerio de Economía y Hacienda y el de Asuntos Exteriores).
En definitiva, y tal como introduce el preámbulo, las medidas que incluye la ley "deberán estar inspiradas en los principios de multilateralidad y condicionalidad"; unos principios neoliberales que suponen la implantación de programas de ajuste que obligan a los países empobrecidos a recortar sus inversiones públicas y a privatizar servicios a favor de las multinacionales extranjeras. ¿Acaso es esta ley solidaria.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Martes, 1 de agosto de 2006