A partir del próximo viernes 1 de septiembre, todos aquellos establecimientos de más de cien metros cuadrados que no hayan separado físicamente la zona de fumadores de las demás pasarán a ser automáticamente espacios libres de humo. Así lo exige la ley antitabaco y el Gobierno asegura que una moratoria en su aplicación "es imposible" y que no cabe "ningún tipo de renegociación" sobre este punto, como exigían desde la Federación Española de Hostelería y Repostería (FEHR) y otros colectivos afectados.
Sólo el 10% de los locales ha realizado las obras de compartimentación durante los ocho meses -de enero a septiembre- establecidos en la ley, según cálculos de la Comisión Nacional de Prevención del Tabaquismo. Al 90% restante no le quedará más remedio que prohibir completamente el consumo de tabaco o enfrentarse a sanciones de hasta 10.000 euros. La ley obliga, además, a disponer de sistemas de ventilación que garanticen la eliminación de los humos y sólo permite una estancia de fumadores de hasta un 30% del espacio total del establecimiento.
Aunque las distintas comunidades autónomas pueden desarrollar la ley, por ahora sólo Andalucía y Valencia han hecho uso de esta potestad, que no es obligatoria. El decreto valenciano ha sido recurrido por el Gobierno central al considerar que iba "en contra del espíritu de la ley".
El texto autonómico no obliga a bares y restaurantes a separar físicamente las zonas de fumadores y no fumadores, permitiendo el uso de cortinas de aire, extractores, purificadores y "cualquier otro elemento que garantice que el espacio destinado a los no fumadores quede libre de humos".
Esperanza Aguirre, presidenta de la Comunidad de Madrid, anunció a principios de año un desarrollo similar, aunque por ahora tal proyecto no ha visto la luz. Este punto añade cierta confusión entre los propietarios de locales, que no saben si acometer la obra -de un coste de 15.000 a 30.000 euros- o esperar una legislación autonómica más flexible, según han manifestado a lo largo de esta semana.
Otras comunidades, como Castilla-La Mancha, han anunciado un periodo transitorio durante el cual habría cierta flexibilidad en el control del mandato legal. La competencia inspectora y sancionadora de la ley antitabaco corresponde a las autonomías, por lo que esta relajación temporal sería posible. Los ciudadanos pueden, no obstante, denunciar el incumplimiento de la normativa, lo que obligaría a abrir inmediatamente un expediente sancionador contra el local.
Desde Sanidad apuntan que lo más relevante en estos ocho primeros meses de vida de la ley ha sido la "colaboración ciudadana, especialmente de los fumadores". El consumo de cigarrillos había caído, hasta junio, un 3,5%, según los datos del Comisionado para el Mercado de tabacos, dependiente del Ministerio de Hacienda. Es la mayor bajada registrada por el organismo, y confirma una tendencia que empezó en 2005, cuando la venta de cajetillas fue un 0,6% inferior a la del año anterior. Hasta entonces, siempre había habido un aumento.
Sanidad pronostica para el próximo viernes una "normalidad" absoluta y el respeto a la legalidad. Se fumará menos, eso parece seguro.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Domingo, 27 de agosto de 2006