La portavoz adjunta del PSOE en la Asamblea de Madrid, Ruth Porta, instó ayer a la presidenta, Esperanza Aguirre, a "despejar las sospechas de corrupción" que se ciernen sobre el Ayuntamiento de Torrelodones antes de las próximas elecciones, porque, de otro modo, "no las podrán afrontar".
Porta consideró que "Aguirre tiene que aclarar si su Gobierno va a dar luz verde a la operación especulativa que propone el alcalde de Torrelodones, Carlos Galbeño". Y pidió al secretario general del PP en Madrid, Francisco Granados, que haga pública "toda la información de que disponga al respecto por si lo que conoce es constitutivo de delito". La portavoz socialista afirmó: "Tenemos derecho a saber si esta operación [que supondría la construcción de 1.536 viviendas, un campo de golf, un hotel, y un centro comercial en una zona protegida] cuenta con el apoyo del Gobierno regional".
"Lo único que sabemos hasta el momento es que, con la aquiescencia del PP de Madrid, se sustituyó al anterior alcalde de Torrelodones, Enrique Muñoz, al parecer, por no plegarse a las intenciones del presidente local y diputado nacional Mario Mingo en torno a la urbanización de unos terrenos medioambientalmente protegidos", indicó Porta.
Según Porta, los hechos ocurridos en la localidad del norte de la región "que de ser ciertos, constituirían un grave escándalo", no han sido "desmentidos por nadie" y significarían "que el PP nombra a los cargos sólo por intereses especulativos, depurando a los que se oponen". Y agregó: "Lo que vemos es que llegan a constituirse en promotores de proyectos especulativos en la Comunidad de Madrid avalándolos con su presencia: blanco y en botella, leche".
Porta informó de que su partido "esperará" la decisión de la Fiscalía Anticorrupción a la que han acudido dos concejales del PP, después de ser destituidos de sus funciones por el alcalde, para después actuar "en función" de lo que ésta acuerde.
La diputada insistió en que el PP "no puede afrontar" las próximas elecciones si sus dirigentes "continúan en silencio frente a acusaciones que pueden ser constitutivas de delitos como prevaricación, cohecho e información privilegiada, que implican a la dirección regional, mientras Granados y Aguirre callan y otorgan", concluyó.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Martes, 29 de agosto de 2006