El derechista y candidato del gobernante Partido de Acción Nacional (PAN), Felipe Calderón, está a un paso de ser proclamado presidente de México por el Tribunal Electoral, una institución de reconocida solvencia e independencia. El fallo de la alta instancia sobre 375 impugnaciones, que sigue a uno anterior por el que se desestimó la inviable petición de su principal rival, Andrés Manuel López Obrador, líder del izquierdista Partido de la Revolución Democrática (PRD) de hacer un nuevo recuento total, ha dejado las cosas como estaban: Calderón, primero, y López Obrador, segundo, con algo más de un tercio de los votos cada uno y separados por tan sólo 0,58 puntos; es decir, lo mismo que tras los resultados provisionales. Sin embargo, el hecho de que en la revisión de los recursos el tribunal haya variado la atribución de más de 227.000 votos entre cinco candidatos -es decir, casi la misma diferencia que separa a Calderón de López Obrador- indica que hubo más fallos de los estimados en un principio, y otorga la razón a quienes pedían al menos recuentos parciales.
Al Tribunal Electoral le queda aún pronunciarse sobre la validez general de los comicios antes del próximo 6 de septiembre; y, en caso afirmativo, como es previsible, pese a las protestas del candidato del PRD, proclamar vencedor al líder del PAN. Esto obliga a ambos a replantearse sus posiciones. Calderón debe ser consciente de que, aunque ha ganado, lo ha hecho por la mínima, y que si bien su partido es el que más escaños tiene en el Congreso, necesitará ampliar su base para poder gobernar. Y López Obrador, ex alcalde de la capital, tiene que deponer su rebeldía civil. Lo ocurrido en México no tiene comparación con lo que en su día pasó en Ucrania o en otros países en los que el poder hizo trampas colosales y se vio forzado a reconocerlo después, gracias, sobre todo, a la movilización popular. El país americano no se puede permitir estafas electorales ni una calle soliviantada. Necesita unidad y sentido común. Es tiempo de dar por cerrados estos comicios.
López Obrador ha considerado que se le ha usurpado la presidencia, y para denunciarlo utiliza palabras demasiado gruesas como "golpe de Estado". No hay nada en la decisión del Tribunal Electoral para mantener esa tesis, ni el recurso se ha ganado porque uno u otro tuviera mejores abogados o estrategia, como le ocurrió a Bush frente a Kerry en 2004. Su idea de una protesta permanente y un Gobierno paralelo sostenido en una discutible indignación popular no es viable. Lo que debe hacer es reconocer la derrota y dedicar sus energías a que el PRD influya desde el Congreso sobre unas políticas que deben hacer de la lucha contra la desigualdad social una prioridad.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Miércoles, 30 de agosto de 2006