El secretario autonómico del Sindicato Profesional de Policía Local (SPPL), José María Jiménez, afirmó ayer que la imputación de 12 agentes locales de Torrevieja y dos ediles del PP de esa localidad en el caso de las supuestas torturas a arrestados "tiene una finalidad política". Jiménez también apuntó a una "una posible venganza personal" como origen de la investigación.
En declaraciones a Efe, Jiménez sostuvo la existencia de "una presunta trama" con dos posibles objetivos, uno de los cuales sería "ir contra el jefe de la Policía Local de Torrevieja y otros mandos". El segundo de los mismos radicaría, según añadió, en el hecho de que "el aparato del Estado, de forma perversa, deplorable y con medios propagandísticos, haya querido sacar tajada política de este tema utilizando a los policías locales". La finalidad de esta última sería, según Jiménez, "cargarse al alcalde Pedro Ángel Hernández o ir en contra de los concejales de su equipo de gobierno".
El grupo socialista pide la comparecencia de Hernández Mateo en las Cortes Valencianas
"Hay alguien que está muy interesado en perjudicar a la Policía", manifestó el representante sindical, quien consideró que estas acusaciones están "creando alarma social y están dando alas a los delincuentes". Asimismo, lamentó que los policías que realizan diariamente sus funciones "tengan que escuchar comentarios en plena calle, como que son unos torturadores".
No obstante, dijo que "detrás de todo esto, independientemente de alguna imputación, hay personas que por venganza personal quieren perjudicar a la Policía". En este sentido, afirmó que su sindicato tiene "ciertas sospechas de que haya gente cercana a la Secretaría del Ayuntamiento de Torrevieja que pudiera estar filtrando información sobre presuntas irregularidades en la contratación de los policías interinos, y sobre las comisiones de servicios de los mandos".
Por otra parte, el grupo socialista en las Cortes Valencianas ha solicitado la comparecencia del alcalde de Torrevieja para que ofrezca explicaciones sobre la imputación de los policías locales y los dos concejales. La portavoz de Justicia y Administraciones Públicas del grupo socialista, Josefa Andrés, afirmó ayer que, con independencia del proceso judicial, el alcalde "debe dar una explicación, especialmente por la imputación a dos ediles".
Andrés expresó su sorpresa "por la actitud del Consell de Camps", que, según agregó, "ha eludido sus obligaciones, ya que debería haber abierto ya una investigación administrativa para esclarecer los hechos". "Ni siquiera se ha molestado en dar explicaciones a la opinión pública a pesar de tener competencias directas a través de la Dirección General de Interior", añadió la diputada socialista.
Andrés denunció que lo ocurrido en Torrevieja "es también consecuencia de la dejadez del alcalde, más centrado en intentar solucionar sus problemas personales relativos a escándalos especulativos que en garantizar la seguridad de sus ciudadanos".
* Este artículo apareció en la edición impresa del Domingo, 3 de septiembre de 2006