Sin duda es plausible que por fin se presente un proyecto de ley en el que se reconozca y desarrolle el concepto de memoria histórica respecto de la Guerra Civil. El hecho añadido de que en los espacios y edificios públicos desaparezcan los elementos que todavía enaltecían a instituciones y a personas que impusieron el más feroz autoritarismo, sólo nos puede producir satisfacción a los demócratas.
Siendo lo anterior cierto, no lo es menos que el Gobierno de Zapatero no debería desaprovechar este setenta aniversario para incluir en esta futura ley medidas como la anulación de juicios y consejos de guerra, puesto que éstos no fueron sino una farsa para tratar de arropar con legalidad a terribles crímenes. La memoria de estas personas nos demanda que se tenga hoy con ellos la justicia que no les otorgaron sus ejecutores.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Jueves, 7 de septiembre de 2006