El juez Baltasar Garzón no ha encontrado motivos suficientes para impedir la manifestación de hoy en Alsasua (Navarra) y cree que el proyecto de una asamblea nacional de Batasuna ha quedado "neutralizado" después de que el responsable del alquiler de un local donde supuestamente se iba a celebrar dijese ayer que era para una reunión de una mancomunidad de municipios. Garzón, por si acaso, hizo serias advertencias sobre la manifestación.
El juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón comunicó ayer a la Delegación del Gobierno en Navarra que la manifestación convocada para hoy en Alsasua por Belén Esther Aguirre Mendia, con el lema Euskal Herria tiene la palabra y la decisión no entra en el ámbito de suspensión de actividades de Batasuna, acordada en agosto de 2002 y reiterada en enero de 2006.
Garzón tomó esa decisión tras escuchar en la mañana de ayer a Aguirre Mendia y a Juan Cruz Aldasoro, a los que había citado como imputados. En un auto dictado a primera hora de la tarde, el magistrado explicó que no hay constancia de que Belén Aguirre Mendia tenga relación orgánica con Batasuna, y el hecho de que algunos convocantes hayan estado vinculados a Herri Batasuna y Euskal Herritarrok "no es razón suficiente para impedir la celebración de un acto que, en principio, no presenta elementos para vincularlo con Batasuna".
La única conexión que podría existir sería a través de Juan Cruz Aldasoro, presunto responsable orgánico de Batasuna, pero que ayer, ante Garzón, expresó su apoyo a la marcha "a título personal" y "como militante de la izquierda abertzale". Por si acaso, y "ante la propia indefinición de ese título identificativo", el magistrado le requirió expresamente para que se abstenga de comparecer como convocante de la manifestación.
En cuanto a la posible convocatoria de una asamblea nacional o extraordinaria de Batasuna a la que se referían algunos informes policiales, Garzón concluye que ha quedado "neutralizada" tras las manifestaciones de ayer ante el juez de Mikel Galarza, concejal de Alsasua, quien había reservado un local en un centro cultural. Galarza indicó que el local está destinado a una reunión de la mancomunidad de municipios de la comarca navarra de La Sakana, que tienen previsto celebrar unas jornadas sobre "normalización lingüística e inmigración". En principio, Garzón dio por buena esta explicación, pero apercibió a Galarza para que se abstenga de "participar, concurrir o facilitar locales o medios para la celebración de una asamblea nacional o extraordinaria de Batasuna", bajo advertencia de incurrir "en delito de colaboración con organización terrorista".
En su resolución, Garzón dirige hasta siete requerimientos: además de los ya mencionados, ordena a la Unidad Central de Inteligencia de la Policía y a la Guardia Civil que incoen diligencias policiales contra los responsables que quebranten los límites de la marcha y que veten la aparición de símbolos, carteles, apoyos, lemas o pancartas vinculantes con Batasuna.
Requiere también a la letrada Jone Goiricelaia, como defensora procesal de Batasuna, o a cualquier persona de esa organización para que se abstengan de celebrar una asamblea, que generaría responsabilidades penales para los convocantes.
También serán responsables los dirigentes que acudan a la marcha y tengan alguna intervención "más allá de la mera asistencia".
* Este artículo apareció en la edición impresa del Sábado, 9 de septiembre de 2006