La obligación más que el derecho de todo dirigente de un partido político -más todavía si se trata de un partido de gobierno, independientemente de que en ese momento se encuentre en el Gobierno o en la oposición- es la de manipular la realidad; es decir, la de intentar conseguir que los ciudadanos mayoritariamente hagan suya la interpretación de la realidad que él les propone. Lo decisivo en el momento en que los ciudadanos ejercen el derecho de sufragio no es la realidad, sino la interpretación de la misma que es aceptada de manera mayoritaria por ellos. La manipulación de la realidad es, pues, un componente esencial de la competición política y es lo que la diferencia radicalmente de la competición deportiva. No hay ningún partido que pueda prescindir de ella.
Ahora bien, para que la manipulación de la realidad surta efectos es importante que no se note. La manipulación tiene que ser creíble o, por lo menos, susceptible de ser creída. Los ciudadanos tienen que hacer suya la interpretación que se les ofrece, persuadidos de que es realmente la que mejor se ajusta a lo que realmente ha sucedido. Si advierten que ha habido manipulación y que las cosas no son como se les está diciendo que son, el coste para el manipulador puede ser muy alto.
Algo de esto le viene pasando al Partido Popular desde hace ya mucho tiempo, por lo menos desde mediados de su segunda legislatura en el Gobierno. El PP dispuso, incluso antes de llegar al Gobierno en 1996, de un formidable aparato de manipulación, aparato que perfeccionó de manera notable una vez en el poder. Los dirigentes del PP en general, y José María Aznar en particular, llegaron a tener la convicción de que podían no ya manipular la realidad, sino inventársela, esto es, que los ciudadanos españoles acabarían comprando de manera mayoritaria cualquier interpretación de la realidad que ellos les ofrecieran. Y durante bastantes años lo consiguieron. Hasta la guerra de Irak y la negación de la huelga general convocada por los sindicatos contra el decretazo no quebró la eficacia del aparato de manipulación del PP, quiebra que se consumaría con la descarada atribución a ETA de la autoría del atentado terrorista del 11-M de 2004.
Desde entonces el aparato de manipulación del PP tiene un serio problema de credibilidad. Los ciudadanos no se creen la interpretación de la realidad que se les ofrece. Y no se lo creen porque la distancia entre lo que se les dice y lo que los ciudadanos directamente perciben es demasiado grande. La manipulación de la realidad tiene límites. En unos casos son más visibles y en otros menos, pero siempre los hay.
Es imposible que los ciudadanos se crean que la reforma del Estatuto de Autonomía para Cataluña supone el fin de la unidad de España, que el Gobierno está traicionando la memoria de las víctimas del terrorismo, se ha rendido a ETA y que es Batasuna la que marca la agenda política, que el matrimonio entre ciudadanos del mismo sexo supone el fin de la familia, que el envío de tropas a Líbano es lo mismo que el envío de tropas a Irak, y así sucesivamente.
Ninguno de esos mensajes tiene posibilidad de ser aceptado mayoritariamente por la sociedad española. La distancia entre lo que los ciudadanos ven y lo que los dirigentes del PP les dicen que están viendo es tan grande que no hay manera de que los mensajes calen. El mismo día que el secretario general de Naciones Unidas y el presidente del Gobierno de España coinciden en Madrid en que "el despliegue en Líbano es clave para la paz mundial", es imposible que la sociedad española pueda aceptar la tesis de Mariano Rajoy de que se "están enviando tropas españolas a una misión de guerra". De ahí que no le faltara razón a José Luis Rodríguez Zapatero al calificar de "patética" la intervención de Mariano Rajoy en el pleno del Congreso de los Diputados. Por mucho que se empeñe el PP, los españoles no vamos a confundir Irak con Líbano.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Sábado, 9 de septiembre de 2006