El Consejo de Ministros aprobó ayer el anteproyecto de ley que regula la detención de datos de las comunicaciones telefónicas y por Internet durante un año y la obligación de identificar a los propietarios de las tarjetas prepago de los teléfonos móviles (en España había 16 millones el año pasado y ahora ya superan los 20 millones). El texto fue remitido ayer al Consejo de Estado, el Poder Judicial y la Agencia de Protección de Datos, para que lo informen antes de su aprobación definitiva. El proyecto dará seis meses de plazo a las compañías para que identifiquen a todos sus clientes de tarjeta prepago.
La identificación de los 20,7 millones de clientes de telefonía móvil que a primeros de este año tenían tarjetas de prepago de móvil en España -aquellos que no tienen contrato y son anónimos- para cumplir con las nuevas normas que está preparando el Gobierno deberá hacerse voluntariamente, porque las compañías de telefonía móvil no cuentan con instrumentos técnicos ni legales para proceder a esa identificación.
El Gobierno ha asegurado que no subvencionará a las compañías telefónicas para que cumplan con este requisito. Tan sólo habrá una partida de tres millones de euros para que el Cuerpo Nacional de Policía y la Guardia Civil dispongan de la herramienta informática adecuada para tratar esos datos en caso de que los soliciten.
La primera impresión de las operadoras -Telefónica Móviles, Vodafone y Amena- que se encuentran presentes en el mercado español tras conocer el informe sobre el Anteproyecto de conservación de datos es que la identificación deberá ser voluntaria por parte del cliente.
Las compañías telefónicas indican que el método más viable será remitir un mensaje corto de texto (sms) a todos los clientes de prepago informándoles de la nueva norma y ofreciéndoles los canales y medios para que procedan a la identificación.
No obstante, indicaron que, con la actual legislación en la mano, no disponen de ningún instrumento legal para anular las tarjetas SIM con las que funcionan los terminales, en caso de que los clientes no quisieran identificarse. De hecho, algunas sentencias han fallado en contra de las compañías que han anulado las tarjetas a clientes que no las usaban o de bajo consumo.
Otra posibilidad sería aprovechar la recarga de saldo en las tarjetas para la identificación, pero eso sólo sería viable en las tiendas propias y concertadas o en los cajeros automáticos, y no en otras modalidades como la recarga por tarjetas de rasca-rasca, comercializadas masivamente por todo tipo de establecimientos.
En cuanto a la identificación de los clientes futuros de prepago, las operadoras no plantean ningún problema, aunque se dispararán los gastos, ya que les obligará a cambiar todo el modelo de distribución, en particular en pequeños comercios, como puestos de distribución de prensa o locutorios, que no cuentan con personal suficiente.
Campaña de publicidad
La medida, que ya funciona en países como Suiza, forzaría a una gran campaña de publicidad, y precisaría de nuevas bases informáticas, que deberán ser costeadas en solitario por las operadoras, según lo dicho ayer por el Gobierno tras el Consejo de Ministros.
La norma planteará más problemas a las nuevas compañías de telefonía móvil que harán su aparición a finales de año, como The Phone House o Carrefour. Se trata de operadores móviles virtuales, que no disponen de red propia ni de soporte técnico, y que se dirigen a los usuarios de menos poder adquisitivo, es decir, los clientes de prepago. La identificación de los mismos les supondrá un gasto adicional y dificultará su arranque comercial.
Los datos de las comunicaciones que serán retenidos por las compañías se refieren sólo al tránsito (origen y destino de la llamada, duración, lugar desde la que se realiza) y en ningún caso al contenido de la misma.
Durante la investigación de los atentados del 11-M, el seguimiento a una serie de teléfonos móviles permitió la localización de parte de los autores del atentado y de algunos de sus principales colaboradores. Desde entonces, la policía española reclamó a las autoridades una regulación específica para el control de las comunicaciones para mejorar la eficacia policial contra el crimen.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Sábado, 9 de septiembre de 2006