Iban a levantarse hoteles en las doradas playas de Gaza, se aireaban planes para la construcción de viviendas; la compra de los invernaderos de los colonos judíos auguraba la creación de miles de puestos de trabajo; los escombros de los asentamientos se trasladarían al Sinaí egipcio; los proyectos para el desarrollo florecían... El Banco Mundial, los países del golfo Pérsico, otros Estados musulmanes y europeos prometían una lluvia de millones de euros para reconstruir una economía devastada. Un año atrás, el 12 de septiembre de 2005, el último soldado israelí dejaba de pisar el suelo de la franja. Los 8.500 colonos habían sido evacuados un mes antes. Pero las alegrías son efímeras en los territorios palestinos.
"Nunca hemos estado peor", es la opinión unánime que se escucha en el territorio
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"Nunca hemos estado peor", es la opinión unánime en la Gaza de hoy. La directora de la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados Palestinos (UNRWA), Karen Abuzayd, corroboró ayer esta impresión y lanzó la enésima alerta: "Las condiciones de vida de los palestinos han alcanzado un punto de inflexión".
Ninguno de los planes ha visto la luz. Ahí siguen las montañas de cascotes en los asentamientos. Fue un alivio pasajero la marcha de los colonos. En noviembre, el Gobierno israelí y la Autoridad Nacional Palestina (ANP) firmaron un acuerdo que garantizaba cierta libertad de transporte de mercancías entre Gaza y Cisjordania y dejaba el cruce fronterizo de Rafá en manos de los palestinos, bajo supervisión de policías europeos, para que los lugareños pudieran salir de un territorio cada vez más parecido a un gueto. Apenas se aplicó el pacto unas pocas semanas.
El 25 de enero se celebraron elecciones legislativas en los territorios ocupados, y Hamás venció con contundencia. Israel accedió a que el movimiento fundamentalista concurriera a las urnas. Estados Unidos y la Unión Europea habían alentado esa participación. Pero no aceptaron la victoria de una organización que rechaza reconocer el Estado judío. "¿Y qué Estado palestino reconoce Israel?", se preguntan dirigentes de todos los partidos palestinos. Comenzó entonces un bloqueo político y económico sistemático al nuevo Ejecutivo islamista. Lo pagan los civiles. La captura del soldado Gilad Shalit, el 25 de junio, por un comando encabezado por Hamás, desató la brutalidad del Ejército hebreo: desde entonces ha matado a 230 personas -mitad civiles, mitad milicianos, 46 de ellos niños- y destrozado las infraestructuras civiles de Gaza, entre ellas su única central eléctrica. Es frecuente estos días observar a operarios encaramados a los postes eléctricos. Cortan la luz a un campo de refugiados para que otra barriada cuente con energía. No más de ocho horas diarias.
"La estrangulación del comercio ha arruinado la economía. Ha conducido a las instituciones a un punto cercano a la desaparición y ha sacudido gravemente la sociedad", apuntó Abuzayd, quien admitió que la táctica de asedio al Gobierno de Hamás no ha dado fruto alguno. "Esa presión", añadió la directora de UNRWA, "no ha desembocado en un deseo de compromiso por parte del Ejecutivo o del pueblo palestino, y tampoco han provocado la caída del Gobierno, sino que ha creado una sensación de desesperación masiva, de abandono y desesperanza".
La inmensa mayoría del millón y medio de habitantes de la franja lo único que puede hacer es comer. Y sin exceso. La gente hace la compra a diario porque no dispone de electricidad para conservar alimentos en los frigoríficos. El panorama es desolador. "La actividad económica en Gaza ha sido completamente aniquilada por el Gobierno israelí. Nada se puede exportar, ni siquiera a Cisjordania. Se han dejado de cultivar flores, tomates y verduras. El Ejército ha destrozado campos agrícolas y las fábricas no producen porque no se permite la entrada de materias primas. No podemos salir de Gaza, los palestinos no pueden trabajar en Israel, la mayoría de los empleos dependen de la ANP", afirma Yihad Hamad, jefe del Departamento de Sociología Política de la Universidad Al Ahzar.
Los 150.000 funcionarios sólo han cobrado parte de sus salarios, cuyo promedio es de unos 300 euros mensuales, entre otros motivos porque la Administración de Ehud Olmert retiene ilegalmente los impuestos que recauda en nombre de la ANP desde hace medio año.
Si a esto se suman el alza de precios -el litro de gasolina ha subido de 4 a 6,16 shequels (1,15 euros); el coste del azúcar y la carne se ha duplicado- y el inmenso odio que se respira, se reúnen los ingredientes para un estallido violento imprevisible. Pocos dudan de que, tarde o temprano, llegará.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Sábado, 9 de septiembre de 2006