A pesar de que los medios de comunicación nos anuncian medidas para conciliar la vida familiar y laboral, recientemente he tenido oportunidad de constatar que éstas parecen no existir en algunos ámbitos. Soy profesora de la Universidad de León y madre de dos niñas de cuatro y siete años de edad. Debido a que mi marido es profesor de la Universidad Autónoma de Madrid, mis hijas se hallan exclusivamente bajo mi cuidado los días laborables.
Hace unos meses fui designada, mediante un sorteo público entre 136 profesores, miembro de una comisión juzgadora de una Prueba de Habilitación Nacional. Este hecho me obligará a trasladarme a Valencia durante varias semanas. Tal y como contempla la Ley Orgánica de Universidades, solicité al Consejo de Coordinación Universitaria mi renuncia a formar parte de esta comisión debido a mis circunstancias familiares, las cuales acredité documentalmente. Sin embargo, la renuncia me ha sido denegada, sin explicación alguna.
Considero que aceptar mi renuncia hubiera sido una medida fácil y gratuita para conciliar mi vida familiar y laboral. A veces, pequeñas actuaciones podrían significar en la práctica un avance mayor que la promulgación de una ley.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Viernes, 15 de septiembre de 2006