El secretario general del PP andaluz, Antonio Sanz, advirtió ayer de que el anteproyecto de ley que baraja el Ministerio de Sanidad para regular el consumo de alcohol y el botellón debería llevar a los socialistas a la retirada del proyecto de ley sobre Potestades Administrativas en Materia de Actividades de Ocio en los Espacios Abiertos en Andalucía, porque podría ser "incompatible" con la normativa estatal.
El PP ha registrado un total de 30 enmiendas al proyecto de ley antibotellón presentada por el Gobierno andaluz. La norma, que se tramita por la vía de urgencia, ya ha pasado por el debate de totalidad y ahora deberá negociarse en comisión antes de su aprobación final en el pleno del Parlamento andaluz.
Según Sanz, el articulado propuesto por el PSOE es "insuficiente, represivo e inaplicable", además de "criminalizar" a la juventud. A su juicio, el proyecto de ley autonómico elaborado por los socialistas tiene "importantísimos vacíos", "es excesivamente represiva" y supone "un instrumento inútil al no plantear una verdadera solución".
El texto del Gobierno andaluz prohíbe la concentración de personas para consumir alcohol en la calle, pero también contempla la "habilitación de espacios", es decir, de botellódromos, en los que se puedan desarrollar "actividades de ocio" sin molestar a los vecinos. PA e IU votaron en contra en el debate de totalidad de la ley, mientras que el PP -cuyos alcaldes han reclamado insistentemente contar con una pecha legal para poder actuar- se abstuvo.
Financiación
"Sólo aborda prohibiciones e infracciones" dijo Antonio Sanz para advertir de que el proyecto de la ley del botellón "no hace frente al problema, ni ofrece alternativas", tan sólo deriva las responsabilidades "hacia los ayuntamientos". En su opinión, supone "una dejación de responsabilidades" por parte de la Administración autonómica, que "elude" sus obligaciones sin diseñar medidas de carácter sanitario o educativo.
Las enmiendas del PP, según detalló, proponen un capítulo "exclusivo" para la financiación de la aplicación de la futura normativa, dado que el Partido Popular considera que se requiere una cuantía "inicial" de 70 millones de euros para dotar a los ayuntamientos de los recursos necesarios para implantar la normativa, sugiriendo al tiempo que la recaudación procedente de las sanciones se destine al desarrollo de programas de ocio saludable.
Sanz advirtió de que la "ley seca" anunciada por la ministra de Sanidad, Elena Salgado, debería hacer que los socialistas andaluces se planteasen "retirar" su proyecto de ley del Parlamento autonómico, pues podría darse un caso de "incompatibilidad" entre ambas normativas.
En su opinión, la normativa esbozada por Salgado "supera y contradice" el proyecto antibotellón de Andalucía, por lo que preguntó a los socialistas si valorarán la posibilidad de retirar su proyecto legislativo de la Cámara andaluza ante la "descoordinación" del PSOE en este asunto.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Domingo, 17 de septiembre de 2006