Más allá del obsesivo empecinamiento del PP en tratar de convencer al electorado de que el Gobierno de Rodríguez Zapatero lo hace todo mal, hay dos cosas en las que el PSOE podría y debería demostrar que su forma de entender la política está en las antípodas del vocinglerismo del que hacen gala los dirigentes populares.
Una es realizar de una vez una consulta popular acerca de qué clase de televisión pública deseamos. Una encuesta/consulta oficial al electorado sobre ello sería una buena prueba de hasta qué punto el Gobierno del PSOE toma en cuenta a sus ciudadanos. ¿Queremos una televisión pública, financiada con nuestros impuestos, al estilo de la BBC británica, en la que la calidad y el nivel cultural priman sobre las cuotas de audiencia y la servidumbre de los patrocinadores? ¿Nos decantamos por la fórmula de las cadenas privadas, en su pertinaz pugna por robarse televidentes, en las que todo vale en pos de ese objetivo? ¿Queremos una televisión pública salpimentada con programas similares a los de Gran Hermano, Aquí hay tomate, Salsa Rosa...? ¿Qué clase de televisión queremos, pues, pagar con nuestros impuestos?
La segunda es retomar una asignatura pendiente de la clase política desde el consenso constitucional de 1978: la adjudicación de representantes parlamentarios por circunscripción geográfico-demográfica. Los partidos entonces firmantes de la Carta Magna aceptaron la fórmula según la cual serían los partidos políticos quienes habían de nombrar a los representantes de la población según el número de escaños a los que tenían derecho, de acuerdo con el número global de votantes. El resultado de este acuerdo está bien patente en la mente de todos: unos representantes parlamentarios totalmente desconectados con la realidad y los problemas de sus representados, una férrea disciplina de partido que fuerza a aquéllos a acatar disposiciones y decretos que a veces no benefician o claramente perjudican a sus teóricos representados, y un creciente desinterés del electorado por participar en la arena política.
Iniciar un debate sobre las ventajas e inconvenientes de ambos modelos -el actual y el de la circunscripción geográfico-demográfica- solamente podría redundar en beneficio de los ciudadanos en general y de la clase política muy en particular. Ya que hemos hecho dejación de nuestro protagonismo democrático a favor de unos profesionales de la política, al menos deberíamos reducir la distancia entre éstos y los ciudadanos que les votan.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Domingo, 17 de septiembre de 2006