El 14 de octubre de 2005, Camps firmó 13 convenios con las cinco universidades públicas. Deberían haber sido 15, pero el rector de la Universitat de València sólo aceptó el de financiación ordinaria, y declinó los de infraestructuras docentes y parques científicos a la espera de una oferta mejor.
Los convenios firmados, sin embargo, tenían un doble fondo; para desarrollar la mayoría de los conceptos recogidos en ellos hacía falta firmar a su vez nuevos convenios.
Se dejó caer entonces y se puso sobre la mesa de los rectorados más tarde una fórmula nueva para financiar las inversiones. A las tradicionales -presupuestos de la Generalitat y endeudamiento del Gobierno autonómico- se añadió una tercera, que contemplaba la inversión privada. Resumiendo, el asunto consistía en que las empresas costeaban la construcción de los edificios y luego los cedían a las universidades bajo un régimen parecido al de la concesión o el alquiler.
Aquel intento, que no convenció a casi ningún rector, parece haberse evaporado sin dejar rastro en su tránsito entre la Consejería de Empresa y Universidad y la de Hacienda.
Un rector afirma que el rechazo de las universidades a la propuesta se basó en dos ideas: "Pierdes el control y además es más caro". Otro considera que aquella fórmula implicaba "problemas jurídicos tremendos", cercanos al "fraude de ley", y la da por muerta.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Martes, 19 de septiembre de 2006