Las denuncias presentadas en los siete últimos años por Ecologistas en Acción sobre irregularidades urbanísticas en Grazalema (Cádiz) no han sido tenidas en cuenta por el Ayuntamiento. Según reveló ayer el portavoz del colectivo, Juan Clavero, ninguna obra ha sido paralizada y sólo dos de sus 10 denuncias derivaron en un expediente urbanístico, pese a que muchas de ellas se presentaron reiteradamente en el Consistorio de la localidad gaditana.
Los dos expedientes corresponden a la construcción de un edificio de viviendas que provocó la desviación del cauce del río Guadalete y a obras en la casa del ex arquitecto municipal Juan Prieto, quien ingresó en prisión el pasado 12 de septiembre acusado de delitos de cohecho, falsedad documental, contra la ordenación del territorio y de negociaciones prohibidas a los funcionarios.
Ambos casos fueron denunciados en los últimos meses, lo que demuestra, según Juan Clavero, que durante años "se han estado encubriendo las ilegalidades". El ecologista acusó al anterior alcalde, Antonio Mateos, del PSOE, de "manejar el urbanismo a su antojo".
El portavoz de Ecologistas en Acción criticó también la actuación de la actual regidora, la socialista María José Lara, a quien recriminó no haber paralizado ninguna de las obras denunciadas. Sobre una de ellas -la construcción de un bloque de siete plantas- existe incluso un requerimiento de la Consejería de Obras Públicas de la Junta, que exigió la anulación de la licencia.
Los documentos recabados por Ecologistas en Acción demuestran también, según Clavero, que Prieto aprobó licencias que su antecesor, que fue despedido, había rechazado por no cumplir con la legalidad urbanística.
Además del arquitecto municipal, otras cuatro personas -dos promotores, un arquitecto y un contratista- han sido detenidos como fruto de la Operación Pinsapar, que investiga las irregularidades urbanísticas en la Sierra de Cádiz.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Sábado, 23 de septiembre de 2006