La Fiscalía de Valencia firmó ayer una denuncia contra el arquitecto municipal de Nàquera por información privilegiada, tráfico de influencias y violación de secretos. Según la fiscalía, el arquitecto municipal, J.C.P., favoreció la adjudicación de la mayor parte de obra pública dotacional así como de varios PAI a Gil Garrido Obras Públicas S.L. con la que tenía relación a través de una mercantil interpuesta de la que era socio.
La Fiscalía de Valencia inició hace casi ocho meses una investigación sobre las cuentas del Ayuntamiento de Nàquera en relación con determinados proyectos urbanísticos. Fue UV quien denunció posibles irregularidades en el consistorio. Fuentes de la fiscalía califican la actividad urbanística practicada por el Ayuntamiento, tanto de esta corporación actual (PP) como de la anterior (PSPV) de auténtica maraña.
El enredo es tal, según las mismas fuentes, que el pasado verano la fiscalía de Valencia solicitó una prórroga a la Fiscalía del Estado para continuar la investigación sobre el alcalde y otras diez personas vinculadas a la corporación municipal actual y a su inmediata predecesora.
En el transcurso de esas diligencias de investigación, la Fiscalía encontró una irregularidad: el aparejador municipal es socio de la empresa Programación y Gestión de Suelo Mercantil S.L., junto al empresario Juan Vicente Roig Mateu, y esa mercantil, a través de otras sociedades interpuestas, participa del accionariado de Gil Garrido Obras Públicas S.L., la mayor adjudicataria de obra pública dotacional de Náquera. La Fiscalía decidió entonces disgregar este asunto del grueso, aún en fase de investigación, y presentar una denuncia al juzgado. El decanato de Llíria recibirá en breve el escrito de la fiscalía en el que se señala la comisión de tres delitos: negociación prohibida por parte de un funcionario público; tráfico de influencias y violación de secretos.
Las sospechas sobre Nàquera nacen poco antes de las pasadas elecciones municipales. Salvador Pérez (PP) recibió críticas por haber impulsado 14 planes de actuación que suponían urbanizar el 11% del término municipal. Una alianza entre el PSPV y UV llevó a la alcaldía al socialista Francisco Arnal, defensor de la paralización de dichos proyectos urbanísticos. Pero cuatro meses después, una moción de censura lo sacó de escena, ganó la alianza entre PP y regionalistas. Los intereses parecían claros: la construcción de 1.300 viviendas, un hotel y un campo de golf en la partida de Les Fontanelles. En marzo de 2004, el PP, a pesar de la ruptura del pacto de UV, logró mantenerse en la alcaldía.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Jueves, 28 de septiembre de 2006