El llamado caso Porto es susceptible de ser investigado por una comisión de investigación en la Asamblea de Madrid. Éste fue el único punto en el que se pusieron de acuerdo ayer los tres grupos parlamentarios (PP, PSOE e IU), que después hicieron patente que cada uno está pensando en una investigación distinta.
Mientras la oposición quiere analizar en el hemiciclo la gestión del ex director de Urbanismo, Enrique Porto, el PP pretende que las indagaciones afecten también al urbanismo de los municipios donde gobierna la izquierda. A eso tampoco se oponen PSOE e IU, pero los socialistas prefieren tratarlo en un pleno monográfico e IU opta por una comisión por cada municipio cuyo urbanismo sea cuestionado.
El debate sobre la comisión de investigación partió del pleno de la Asamblea, pero pasó muy pronto a los pasillos del hemiciclo. La idea la lanzó la presidenta regional, Esperanza Aguirre, del PP, que en su turno de intervenciones le dijo al portavoz socialista, Rafael Simancas, que si quiere investigación en la Cámara pida una comisión, porque el PP se la va a aceptar. "Pero también vamos a investigar otros municipios, como Getafe o Rivas-Vaciamadrid [gobernados por el PSOE e IU]", apostilló.
Acudir a los tribunales
Antes había apostado porque el grupo socialista lleve la cuestión a los tribunales, "si tiene conocimiento de alguna irregularidad o de algún delito". Fue la respuesta que ofreció Aguirre a otra propuesta anterior de Simancas: que el pleno de la Asamblea celebre un pleno monográfico para "analizar a fondo el urbanismo de la comunidad". En él, continuó, se harían propuestas de futuro, "habrá una revisión de los desaguisados que Porto ha hecho", dijo, y se decidirán los trabajos preliminares para elaborar un Plan Regional de Estrategia Territorial, que decida el desarrollo urbanístico futuro.
Ya fuera de la Cámara, el PP expuso que está dispuesto a aceptar una comisión, siempre que trate el urbanismo de toda la región, "sin límites, ni condiciones", según dijo su portavoz, Antonio Beteta. Pero el PSOE no quiere que el grupo popular utilice su mayoría para imponer qué es lo que trata la comisión y quién comparece en ella. Por eso, la portavoz adjunta, Ruth Porta, exigió tres garantías para que su grupo la acepte: que no haya límite a la petición de comparecencias, tampoco a la documentación que se pide y, sobre todo, que el calendario de la comisión ponga en primer lugar al caso Porto.
Cumplidos esos requisitos, el Partido Socialista está dispuesto a tratar cualquier asunto urbanístico, sin límites, y de cualquier municipio de la región. "Pero lo de Porto primero".
* Este artículo apareció en la edición impresa del Viernes, 6 de octubre de 2006