La ampliación del puerto de Valencia evitará la evaluación ambiental estratégica que prevé la ley aprobada el pasado abril sobre el impacto de planes y programas. El Ministerio de Medio Ambiente afirmó ayer que el proyecto portuario "no tiene que someterse" a esta nueva norma porque está sujeto al real decreto que exige una declaración de impacto ambiental. La documentación de la ampliación ya está en el ministerio, que calcula que la declaración de impacto estará lista en diciembre. La declaración determinará si el proyecto debe modificarse o si bastará un programa de medidas correctoras.
La nueva ley prevé la evaluación ambiental estratégica como instrumento de prevención de daños, por lo que impone el estudio y análisis de las consecuencias sobre los recursos naturales en la fase de preparación de los planes o programas de obras. Ello implica la elaboración de un informe de sostenibilidad ambiental que junto al plan inicial se somete a un proceso de consulta pública y de alegaciones. La ampliación doblará la superficie actual de contenedores con nuevos diques que se adentran en el mar dos kilómetros. El plan del puerto ha cosechado fuertes críticas por el impacto de la obra sobre las playas urbanas de la ciudad y la posible afección al parque de L'Albufera.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Sábado, 7 de octubre de 2006