Apenas uno de cada cinco accidentes laborales mortales acaba en los tribunales, según la memoria del Ministerio Fiscal. El resto se resuelve con un pacto extrajudicial, que fija una indemnización, o simplemente no se denuncia y queda impune. Parece increíble, pero la estadística no miente: el año pasado se registraron 966 accidentes mortales y a los juzgados sólo llegaron 204 de estos homicidios imprudentes. Además, a los tribunales llegaron 47.190 delitos de lesiones, mientras en realidad se registraron 9.641 lesiones graves y 894.301 lesiones leves en el puesto de trabajo. El coste que acarrea un proceso judicial es uno de los motivos que frena a las víctimas y sus familiares a denunciar. No es la única causa. Hay que tener en cuenta aspectos clave como la lentitud de la justicia -sucede en el caso de Conchita Pérez, que ha tardado 12 años en cobrar una indemnización- y la precariedad laboral (a veces el accidentado no tiene ni contrato). Ser extranjero, como Raúl Tobar, tampoco ayuda. Los accidentes tienen un coste para el conjunto de la economía: las mutuas se gastan al año 2.200 millones de euros en pensiones y seguros para accidentados.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Lunes, 9 de octubre de 2006