La capital administrativa boliviana, La Paz, continúa sufriendo la huelga de transportistas iniciada el lunes, que están bloqueando los puntos más estratégicos de la ciudad impidiendo así el transporte público y privado. A pesar de la presencia policial no se registraron incidentes graves cuando algunos ciudadanos se pusieron a retirar los vehículos que los huelguistas colocaron en las bocacalles.
El "paro movilizado" de los chóferes se produce al estar en contra del programa de "reordenamiento vehicular" de la alcaldía, que lleva a cabo trabajos de modernización en una de las arterias principales de la ciudad.
La situación puede empeorar en los próximos días si se cumple la amenaza de la Confederación de Chóferes de Bolivia de llevar adelante un paro nacional de 48 horas si el Gobierno no anula una ley que regulariza la situación de unos 60.000 vehículos que entraron en el país de contrabando.
Mientras, el diálogo entre el Gobierno y los dirigentes de los mineros cooperativistas se rompió ayer cuando éstos exigieron una indemnización por los 16 muertos que se produjeron en los altercados el jueves y viernes de la pasada semana en los yacimientos de Huanuni.
Los cooperativistas exigen también la reparación de todos los daños materiales ocasionados en el yacimiento minero del cerro Posokoni durante el fuego cruzado con armas y cartuchos de dinamita con mineros asalariados de la empresa estatal Comibol.
El ministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana, dijo que el Gobierno no puede asumir esa indemnización porque el Ejecutivo no es el responsable de esas muertes ni fue el causante del enfrentamiento y aseguró que [el Gobierno] sí asumirá la asistencia social a las familias de las víctimas.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Miércoles, 11 de octubre de 2006